La Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la reforma a las leyes federales de competencia económica y de entidades paraestatales, que configuran el nuevo modelo antimonopolios y que aplica sanciones más severas a prácticas monopólicas absolutas y relativas, además de crear una nueva autoridad de competencia.

Se trata de la Comisión Nacional Antimonopolio –que sustituirá a los extintos Instituto Federal de Telecomunicaciones y Comisión Federal de Competencia Económica–, que dependerá de la Secretaría de Economía y regulará tanto telecomunicaciones como la totalidad de los mercados. Además, contará con atribuciones para identificar, investigar y sancionar conductas ilegales.

Tras la aprobación de la minuta del Senado, el pleno discutía al cierre de esta edición las reservas en lo particular, aunque se anticipó que no se admitirían cambios.

La reforma no sólo corrige deficiencias estructurales del modelo actual; también responde al mandato constitucional de garantizar mercados justos y es un paso firme hacia un modelo económico que ponga freno al poder de mercado, dijo el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en tribuna.

A su vez, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, explicó que con las modificaciones el Estado intervendrá para evitar el abuso de poder, al imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, a las concesiones y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.

Además, se prevé la existencia o subsistencia de agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones, y se podrá declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en esos sectores, indicó.

En materia de concentraciones, expuso Ramírez Cuéllar, se extiende de uno a tres años el periodo para que la autoridad pueda investigar operaciones que no fueron notificadas, incluso si ya se llevaron a cabo.

La reforma prevé que los agentes económicos que impidan o entorpezcan una visita de verificación o entreguen información falsa merecerán una multa del equivalente hasta 200 mil UMA (más de 22.6 millones de pesos). Las prácticas monopólicas absolutas se sancionarán con multa de entre 10 y 15 por ciento de los ingresos de las empresas, y las relativas con multa de entre 8 y 10 por ciento.