ntegrada la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la votación judicial, será de poca utilidad señalar las inconsistencias del proceso electoral. A diferencia de otras candidaturas, los nuevos ministros no pasarán por el reclamo de otro candidato alegando mayor votación para ocupar esa plaza. La lealtad política a las fuerzas fácticas del partidismo oficial dio resultado. La politización de tales nombramientos y la necesidad de no cerrarse posibilidades políticas futuras puede advertirse como razón en algunos candidatos para aceptar su derrota.
Como sucede en cargos legislativos, lo importante es llegar al puesto, no desempeñarse adecuadamente. Si para los diputados es fácil esconderse entre cientos de curules, lo mismo sucede con los nuevos ministros, cuyos planes de trabajo no se han hecho públicos, si es que los hay. Lo más relevante ha sido la indumentaria de los ministros, sin adelantar la prometida transparencia. Cobrarán más que casi todos los funcionarios judiciales, pero ni remotamente trabajarán lo mismo que un secretario de juzgado o que un notificador; esto a pesar de los miles de expedientes que les esperan. Las decenas de asesores que cada ministro tiene apenas serán el cono mayor del embudo que se cerrará en las decisiones de cada ministro. Previsiblemente, los juicios que sean de interés público tendrán escasas discusiones en las sesiones públicas, simplemente resolverán en favor de proyectos políticos, pero habrá miles de asuntos sin interés para el oficialismo y donde, ojalá, sea necesario revisar la ley para dictar sentencia.
Si hacia afuera la próxima Corte apenas dará sorpresas, hacia adentro se hará eco de la división partidista que puede advertirse en las declaraciones de los líderes grupales. En breve se harán equipos para manejar los amplios recursos que para muchos de los nuevos funcionarios serán una agradable sorpresa, así como la posibilidad de disponer de las muchas plazas judiciales, donde puede anticiparse la preferencia partidista sobre la carrera judicial.
Todas las resoluciones judiciales son públicas, tanto las sentencias como los acuerdos. Varios observatorios ciudadanos estarán pendientes del desempeño de la Corte. No es necesario haber sido parte de los votantes para tener derecho a conocer el desempeño judicial. Los ministros deberán responder a la ciudadanía, sin distinguir entre votantes o integrantes del abstencionismo.
