l Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que emitió acciones contra CIBanco, Intercam (bancos comerciales) y Vector (casa de bolsa), instituciones financieras mexicanas clasificadas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su patrón de larga data de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México. Según el titular de ese organismo, Scott Bessent, se trata de facilitadores que favorecen el envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas claves en la cadena de suministro de fentanilo.

En respuesta a tales señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue informada de las acusaciones por su análoga estadunidense, pero no recibió ninguna prueba que le permita actuar contra las empresas acusadas. De acuerdo con un comunicado de la autoridad hacendaria, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones se actuará con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no cuenta con datos en este sentido.

Además de la ausencia de pruebas, en el lance del Tesoro resaltan los irrisorios montos de las operaciones denunciadas: a CIBanco lo acusa de procesar 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que enviaron precursores químicos a México entre 2021 y 2024, así como de blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo; a Intercam de transferir (también entre 2021 y 2024) 1.5 millones de dólares a una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, además de reuniones directas entre sus ejecutivos y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado de dinero; mientras a Vector le achaca el blanqueo de 2 millones de dólares del cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021 y el pago de más de un millón de dólares entre 2018 y 2023 a empresas con sede en China conocidas por haber enviado precursores químicos con fines ilícitos. En suma, si todas las acusaciones son ciertas, se trataría de menos de 17 millones de dólares lavados o procesados en más de una década.

Para dimensionar el carácter casi cómico de esta cifra en el gran esquema del crimen organizado trasnacional, basta con decir que el propio Tesoro estima que 300 mil millones de dólares son lavados cada año en Estados Unidos. Los 17 millones de dólares ilícitos detectados en las instituciones financieras mexicanas representan 0.0056 de dicha cifra. De acuerdo con un centro de investigación privado, sólo en 22 inversiones en bienes raíces efectuadas entre 2004 y 2024 se lavaron 2 mil 600 millones de dólares. Más que los números, aturde la impunidad absoluta con que se limpia el dinero sucio en ese país: en 2010, Wells Fargo llegó a un acuerdo con fiscales federales tras admitir que, antes de haberla adquirido, su filial Wachovia procesó casi 380 mil millones de dólares sin vigilar el origen de los recursos como lo obliga la ley.

Sus directivos reconocieron que conocían el riesgo de servir como intermediario de los cárteles mexicanos, pero decidieron permanecer en el negocio. Nadie fue judicializado y el banco sólo tuvo que pagar una multa de 160 millones de dólares, 0.042 del dinero potencialmente ilícito que ayudó a mover.

Todos estos números conducen a una serie de conclusiones ineludibles. Más allá de si las instituciones financieras mexicanas denunciadas son culpables o no, es evidente que las acciones contra ellas tienen poco o nada que ver con el combate al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero, y que se inscriben en la campaña permanente de golpeteo político que los gobernantes y los medios estadunidenses mantienen contra México, así como en la retórica que busca trasladar a otros países la culpa de todos los problemas generados por la configuración particularmente salvaje del capitalismo estadunidense. Se presenta, además, la creación de una cortina de humo para encubrir la complicidad del gobierno estadunidense con las grandes corporaciones y los dueños de grandes capitales que se benefician con el dinero del crimen organizado –conducta facilitada por Bessent y su jefe, el presidente Donald Trump, mediante el desmantelamiento sistemático de las regulaciones que podrían prevenir el lavado–.

En este contexto, el jefe del Tesoro incurre en esquizofrenia o hipocresía al hablar de una sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información. Si la Casa Blanca realmente desea un vínculo basado en la cooperación en el combate al tráfico de estupefacientes, debe hacer su parte en detener el masivo blanqueo de capitales que tiene lugar dentro de sus fronteras, tomarse en serio el papel de sus empresas de armamento como auténticas facilitadoras de la actividad delictiva y, ante todo, cesar la campaña de difamación y golpeteo político contra México que sus funcionarios replican, ya sea de manera coordinada o como producto no planeado de una xenofobia compartida.