Aunque todavía no concluye el capítulo de la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya abrió otro, relativo a la preparación de su solicitud presupuestal para el año entrante, la cual deberá incluir recursos para organizar la segunda contienda de candidatos a juzgadores, en 2027, porque el proceso debería iniciar en septiembre de 2026.

La comisión temporal creada para este fin –integrada por los cuatro consejeros afines a la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei– recibió el informe de la primera partida, correspondiente a recursos para rentas y mantenimiento de inmuebles, la cual se proyecta en 3 mil 737 millones de pesos.

Esa cantidad es apenas una base, pues se deben añadir las previsiones sobre los gastos más grandes del árbitro electoral nacional: la cartera institucional de proyectos y, sobre todo, su nómina de alrededor de 20 mil trabajadores fijos que cada año ocupa buena parte de los recursos disponibles.

En 2024, año de elección presidencial y renovación del Congreso de la Unión, el INE dispuso de un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos (sin incluir el financiamiento público a partidos políticos); ahí la nómina ocupó 8 mil 816 millones, prácticamente el mismo monto que costó organizar la contienda federal.

Para el año en curso, con la responsabilidad de organizar la elección judicial, el presupuesto del instituto fue de 19 mil 645 millones, más 7 mil 354 millones de prerrogativas otorgadas a los partidos.

En cuanto al primer piso para 2026, relacionado con inmuebles y los gastos que esto conlleva, sean propios o arrendados, tan sólo sus oficinas centrales ubicadas al sur de la Ciudad de México necesitarán para el año entrante, según el anteproyecto inicial, 2 mil 303 millones.

Durante la sesión de la comisión temporal, la dirección ejecutiva de Administración puntualizó que para los arrendamientos de las oficinas del INE en todo el país se prevé un incremento neto de 35.9 millones, respecto de lo que se paga el año en curso, incluido aquí una previsión por el vencimiento de cuatro contratos en Ciudad de México.

El anteproyecto final 2026, ya con todos los rubros, se tendrá en agosto próximo, a fin de enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, a su vez, esta lo remita para su análisis a la Cámara de Diputados.