El número de juicios de inconformidad interpuestos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la elección judicial sigue en aumento.

Hasta anoche la cuenta iba en 228 impugnaciones, tanto de personas que están en contra de cómputos específicos como de otras que piden la nulidad completa de distritos al acusar irregularidades graves.

Muchos de los juicios son de lo ocurrido en Chiapas, donde se registró 70 por ciento de las casillas invalidadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una vez concluida la entrega de constancias de mayoría (faltan dos, de las seis elecciones), el INE deberá enfocarse en entregar al TEPJF las pruebas que le requiera.

Por ejemplo, las causas específicas del porqué cancelaron a nivel nacional 818 casillas, cuyos votos no fueron sumados a los cómputos, esto es, 3.7 millones de sufragios equivalentes a 0.97 por ciento del total registrado. La elección con más casos de este tipo fue la de ministros de la Suprema Corte, con 3.23 por ciento de casillas invalidadas.

La ley establece que procede nulidad de la elección de comprobarse la existencia de irregularidades en 20 por ciento de las casillas instaladas; si bien los porcentajes referidos son muy bajos, respecto a 20 por ciento, las sumatorias podrían cambiar.

Mientras tanto, en el INE todavía ajustaban ayer la metodología a partir de la cual tendrán que revisar 850 expedientes: 464 de magistraturas de circuito y 386 de jueces de distrito, para verificar si los candidatos ganadores cumplen con los requisitos constitucionales.

En este momento tenemos una nueva propuesta de la Secretaría Ejecutiva, dijo el consejero Uuc-kib Espadas.

La sugerencia es tener un límite de cinco materias por especialidad, es decir, no abrir la evaluación a todo el historial académico; el objetivo es verificar si el candidato ganador tiene al menos ocho de promedio en la licenciatura y nueve en las asignaturas de la especialidad para la que compitió, por ejemplo, penal, civil o laboral.

Esta revisión ha resultado sorprendentemente compleja, por la diversidad de materias y currículas con la que se forman los abogados, comentó a este diario el consejero.

El INE debe concluir la tarea como parte de la revisión para determinar si un candidato cumple con los requisitos de elegibilidad.