El ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo impugnó el fallo de una juez de distrito que rechazó concederle un amparo contra la orden de aprehensión por lavado de dinero, asociación delictuosa y peculado por un monto estimado en más de 3 mil millones de pesos por el pago de sobreprecios en la construcción de cuarteles para la Guardia Civil.

El caso se turnó a un tribunal colegiado que, en los próximos días, determinará si confirma, modifica o revoca la resolución de primera instancia.

En su momento, Jovita Vargas Alarcón, jueza novena de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México, informó que la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, envió un oficio en el cual notificó que el quejoso Silvano Aureoles Conejo, no ha comparecido de manera personal ante dicha juzgadora, como se le requirió para que surtiera efectos la suspensión definitiva.

Al respecto, Vargas Alarcón decidió que de acuerdo con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, revocaba la suspensión definitiva otorgada el 14 de mayo, que impedía la detención de Aureoles como se ordenó con base en la orden de aprehensión librada por la jueza Sánchez Nava.

El plazo que tenía el ex gobernador para pagar una garantía de un millón de pesos y presentarse ante una jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente y conocer dichas acusaciones venció el 23 de mayo pasado. Semanas después, el 3 de junio, la jueza novena le negó al ex funcionario público, la protección de la justicia federal.

Como parte de las acciones para detener al ex gobernador de Michoacán, autoridades federales solicitaron a la Interpol que emitiera la ficha roja para que autoridades de más de 190 naciones colaboren en la localización y detención del ex funcionario.