El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 179 impugnaciones contra los comicios judiciales; la más reciente fue interpuesta este jueves por grupos de abogados que piden anular el proceso por violación de principios constitucionales.

Los medios de reclamo son básicamente promovidos por candidatos, pero también por conducto de ciudadanos contra los resultados de los cómputos distritales, o en el caso más reciente, contra toda la elección.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no validar lo ocurrido en 818 casillas, equivalentes a .97 por ciento del total instalado el pasado primero de junio, donde se registraron en conjunto 3.7 millones de votos, aunque antes de conocerse esta cifra el órgano había documentado posibles fallas en apenas 37.

El número final que el INE decidió no incluir en la sumatoria tendrá que ser documentado, sobre todo a partir de elementos que avalen ante la sala superior del TEPJF las razones por las cuales se determinó invalidar los sufragios de 818 mesas.

Hasta ayer, el instituto sólo había concluido lo correspondiente a cuatro de las seis elecciones realizadas; falta declarar la elegibilidad de los aspirantes ganadores de las contiendas de magistrados de circuito y jueces de distrito, que son las más numerosas.

Originalmente se tenía calculado que esto quedaría resuelto esta semana, para entregar las constancias de mayoría el próximo lunes, pero todo el proceso se encuentra en pausa debido a una nueva revisión de todos los expedientes.

Por lo pronto, este jueves acudieron a la oficialía de partes del INE representantes de las organizaciones denominadas Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Projuc, Defensorxs, Práctica Laboratorio para la Democracia y Laboratorio Electoral.

Afirman que en la elección del Poder Judicial de la Federación no se respetaron los principios comiciales y no hubo reglas claras desde los procesos de evaluación de aspirantes. Asimismo, los inconformes alegan que tampoco existieron condiciones de equidad, lo mismo de las reglas para los gastos de campaña.

Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, informó que impugnaron las elecciones de ministros, Tribunal de Disciplina Judicial y lo relativo a la sala superior del TEPJF.

“Las razones son muy claras: este proceso electoral está plagado de vicios e irregularidades (…)”, expresó.

Entre los argumentos destaca el hecho de que los funcionarios de casilla no contaron los sufragios (sino sólo el personal del INE en los consejos distritales), pero sobre todo hubo “inducción del voto, acarreo, embarazo de urnas, uso de recursos públicos, intromisión gubernamental e injerencia de partidos y actores políticos que debieron quedarse a un lado”.

Consideró que la elección fue irregular, y prueba de ello, expuso, es que cinco consejeros votaron en contra de declarar la validez debido a las malas prácticas.

Exigimos al TEPJF, que tiene la obligación de limpiar lo comicios, (haga valer) nuestro derecho como ciudadanos de gozar de elecciones libres, limpias y apegadas a derecho. Es necesario que se identifique a los responsables de violar la ley y se apliquen las sanciones correspondientes. La autoridad electoral no debe ser cómplice de estos actos, advirtió.