Nueva York y Washington., El arresto de uno de los principales candidatos demócratas a la alcaldía de la ciudad más grande de Estados Unidos por elementos de las fuerzas federales en los pasillos de una edificio de gobierno, afuera de un tribunal migratorio, sólo fue un episodio más de una serie de detenciones radicales contra políticos opositores al presidente Donald Trump.

En los 150 días que lleva en el poder el magnate, agentes armados y fiscales federales han aprehendido y esposado a un senador federal, a un alcalde de la principal ciudad de Nueva Jersey, a una jueza de condado en Milwaukee –y están procediendo penalmente contra ella y una diputada federal–, así como también esposaron a una asesora de un diputado frente a su oficina.

La amenaza de represión contra manifestantes se ha cumplido en varias partes del país, lo cual se intensificó con el despliegue de hasta 4 mil miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, mientras el presidente amenaza de hacer lo mismo en otras grandes ciudades. En tanto, la policía local de varias de estas ciudades también ha respondido con golpes, arrestos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras en contra de manifestantes. El hecho de que los incidentes hostiles por parte de los ciudadanos han sido aislados –cometidos por un número minúsculo de los miles que han salido a las calles en protesta– es ignorado por las autoridades federales que prefieren las imágenes de caos para justificar sus maniobras represivas.

El arresto con violencia de Brad Lander, contralor de la ciudad de Nueva York, quien está en medio de su campaña electoral para ser alcalde, frente a observadores y cámaras en un pasillo de un edificio federal fue denunciado el mismo martes que sucedió por políticos demócratas y líderes cívicos como otra barbaridad del gobierno de Trump. Voceros del Departamento de Seguridad Interna lo justificaron al acusar formalmente a Lander de obstrucción y hasta asalto contra agentes federales cuando estaba acompañando a un migrante en su cita ante un tribunal migratorio.

Lander, como otros, estaba intentando proteger a extranjeros sin documentos de la nueva táctica de los agentes de arrestarlos cuando comparecen ante un estrado judicial sobre sus casos, y los fiscales descartan el caso, pero dejan expuesto legalmente al solicitante de asilo, alertan a los agentes y éstos proceden a la aprehensión.

Pero más allá de si esa táctica es legal o no, las imágenes de un político electo acosado por agentes federales enmascarados y sin identificación personal, obligado a colocar los brazos atrás para ser esposado y llevado a un cuarto de detención ha sacudido circuitos políticos del país.

La semana pasada, el senador federal de California Alex Padilla fue tirado al suelo y esposado por agentes federales por atreverse a hacer una pregunta a la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, en la ciudad de Los Ángeles. Al ser liberado horas después, comentó que si esto podía pasarle a un senador federal a plena vista pública, imaginen qué les sucede a los trabajadores migrantes en las calles y en los campos con las redadas.

No son hechos aislados

Esos incidentes, junto al arresto brusco de Ras Baraka, alcalde de Newark, Nueva Jersey, por insistir en que tenía el derecho de observar lo que ocurría en un centro de detención de migrantes en su propia ciudad, la persecución penal a una diputada federal que estaba ese mismo día ahí, aunado al arresto de una jueza de condado en Wisconsin, acusada de intentar evitar la aprehensión de un indocumentado, más la detención de una asesora del diputado federal demócrata Jerrold Nadler frente a su oficina en Nueva York, ya no pueden ser vistos como errores o excesos aislados de una labor de agentes federales, sino que se tiene que suponer que son órdenes de reprimir a todo político que se atreva a oponerse a las políticas antimigrantes del gobierno republicano.

La parlamentaria demócrata Tina Smith, de Minnesota, preguntó en un comentario a The New York Times: ¿Los miembros del Congreso necesitan escoltas para defenderse del Poder Ejecutivo?

Temen violencia de los seguidores ultras

El diputado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata de la Cámara baja del Congreso, en una declaración tras el arresto de Lander, advirtió: el ataque agresivo contra funcionarios demócratas invariablemente resultará en que también serán señalados para la muerte a manos de extremistas. El gobierno de Trump y su escuadra de agentes enmascarados deben cambiar de curso antes de que sea demasiado tarde. Esto es Estados Unidos.

Otros de sus colegas dicen que todos estos incidentes y el despliegue de tropas son signos de puro autoritarismo.

Vale recordar que, como se mostró en Los Ángeles, Trump está preparado para ordenar el despliegue de tropas militares armadas contra ciudadanos estadunidenses en las calles. Ha dicho que se arrepiente de no haber ordenado a militares reprimir las manifestaciones contra la brutalidad policiaca bajo la consigna Black Lives Matter en varias ciudades, incluyendo Portland, Minneapolis y la propia capital, en 2020 durante su primer periodo en la Casa Blanca.

De hecho, él mismo preguntó a su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, si no podrían autorizar que los soldados dispararan contra manifestantes en Washington, a lo que Esper le respondió: eso sería ilegal, y se rehusó. Su nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó responder a una senadora esta semana sobre si ha ordenado que militares desplegados a las calles de este país usen fuerza letal.

En los estados con gobiernos republicanos aliados de Trump, como Texas y Florida, los gobernadores y oficiales electos locales no han titubeado en amenazar con reprimir manifestaciones. El mandatario de Texas, Greg Abbott, realizó el despliegue de 5 mil efectivos ante la convocatoria de las manifestaciones de No queremos reyes de la semana pasada. Un alguacil de Florida dijo en una conferencia de prensa: Mataremos a quien desafíe a las autoridades, si arrojan un ladrillo o apuntan una arma contra agentes policiacos. Y la procuradora general del estado propuso desnaturalizar y deportar a la diputada federal demócrata Ilhan Omar por atreverse a criticar el desfile militar del magnate.

Pero las tácticas de intimidación política no están funcionando, como quedó claro el fin de semana, cuando al menos 3 millones de personas salieron a las calles en repudio del autoritarismo del gobierno de Trump, incluyendo sus ataques antimigrantes.

A la vez, más ciudadanos están escoltando a solicitantes de asilo a sus citas con las autoridades alrededor del país, incluyendo otros funcionarios públicos, voluntarios solidarios y líderes religiosos, como el obispo Michael Pham, un refugiado vietnamita, que está movilizando a curas y líderes de congregaciones católicas para acompañar a migrantes a sus citas con tribunales en San Diego y otras entidades.