La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un litigio sobre siete terrenos e inmuebles en Santa Fe para que resuelva en definitiva si son propiedad de la nación o de particulares, a quienes acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El Ministerio Público Federal –que busca tener la posesión de los terrenos– sostiene que dichos predios pertenecen a la nación debido a que fueron expropiados desde 1907 (por el gobierno de Porfirio Díaz) y 1974 por medio de decreto presidencial (de Luis Echeverría Álvarez) publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, la empresa Inmobiliaria F4, SA de CV defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018, conforme a un decreto que también fue publicado en el DOF.

Los antecedentes

De acuerdo con el expediente judicial, el caso se originó luego de una denuncia anónima presentada en octubre de 2020, en la cual se acusaba a la empresa y a otras personas de vender indebidamente terrenos federales ubicados en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón.

La FGR abrió una carpeta de investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada, y en 2022 la amplió por uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales.

En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de parte del predio. Sin embargo, el 15 de noviembre, la jueza segunda de distrito en materia penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, concedió un amparo a Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones, y Funlimited, impidiendo que la FGR tomara posesión.

La sentencia se basó en el decreto de 2018 que autorizó la regularización de dos fracciones del terreno a favor de Juana Reséndiz Vázquez, con superficie de 7 mil 70.32 metros cuadrados y de 925.39 m2, correspondiente a un inmueble de mayor extensión denominado Cenid Microbiología.

La jueza resolvió que el aseguramiento careció de fundamentación y motivación, violando el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La FGR impugnó la resolución y el recurso está pendiente ante un tribunal colegiado, aunque también pidió a la Corte resolver en definitiva.