La planeación territorial de la capital debe ir más allá del desarrollo urbano y centrarse en garantizar derechos constitucionales como la vivienda y la participación ciudadana, señalaron especialistas durante un foro sobre planeación y estructura legal en la Ciudad de México.

Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la capital del país, advirtió que el problema de la gentrificación es la falta de vivienda popular, por lo que anunció que en la ciudad se desarrollan más de 200 mil acciones habitacionales y se avanza en una Ley General de Ordenamiento Territorial y otra de Coordinación Metropolitana.

Respecto al tema de asentamientos irregulares, Encinas aseguró que no permitirán ningún desarrollo sobre suelo de conservación o la pérdida de áreas estratégicas. Asimismo, añadió que buscan desarrollar normas técnicas para cosechar agua del Cerro de la Estrella e inyectarla en los acuíferos de Xochimilco ante la crisis hídrica.

La planta del Cerro de la Estrella es la más importante en la ciudad, y el nivel de tratamiento en la calidad del agua permite incorporar volúmenes de agua, refirió.

Asentamientos en zonas de riesgo

A su vez, el diputado local Fernando Zárate expresó que han pasado años sin programas de desarrollo urbano efectivos, lo que ha afectado a la población más vulnerable que se ha visto obligada a vivir en asentamientos irregulares en sitios de alto riesgo.

Criticó la entrega discrecional de Certificados Únicos de Reconocimiento de Actividades que inició la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), pues permite eludir las restricciones de uso de suelo, y la emisión de polígonos de actuación que generaron la crisis inmobiliaria al permitir la modificación del uso de suelo.

En tanto, el vocero del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, Edgar Avilés, llamó a frenar la expansión inmobiliaria, reutilizar el espacio construido y priorizar derechos sobre intereses económicos.

Con sus matices, coincidieron en que la solución es la participación ciudadana efectiva y bien informada, pues actualmente en los ejercicios de consulta sólo de 3 a 7 por ciento de la población participa, lo que revela una desconexión entre los mecanismos de deliberación pública y las necesidades de los habitantes.