Aunque ha habido apertura para celebrar diálogos sobre el tema y modificar aspectos de la norma, la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones enviada por el gobierno sigue teniendo puntos que generan preocupaciones al sector privado, pero que podrían resolverse, especialmente si las autoridades aceptan iniciar mesas de análisis directamente con la industria de este ramo.

Así lo afirmó el director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), Gabriel Székely, quien señaló que, además de a los empresarios, la propuesta de ley le resulta inconveniente a los usuarios y consumidores de estos servicios.

En entrevista, el experto afirmó que uno de los temas que inquietan a los inversionistas en telecomunicaciones tiene que ver con la propuesta de asignar frecuencias de transmisión directamente a entidades públicas, incluso sin fijarles contraprestación, lo que violaría la neutralidad competitiva, pues daría ventajas a los organismos beneficiados ante las empresas que han invertido en redes y en espectro.

Otro problema de la iniciativa, afirmó, es que se crea incertidumbre en cuanto a los títulos de concesión existentes, pues, aunque el gobierno reconoce la vigencia de éstos, también dice que los permisos podrían continuar salvo que el Ejecutivo decida lo contrario, pero sin tener certeza de las razones o medios para ello.

Un tercer problema del proyecto se relaciona con el plazo de hasta cuatro meses en que se podrían suspender los trámites para avalar la importación de teléfonos celulares, mercado que consume poco más de 30 millones de esos implementos al año, lo que generaría retrasos que afectarían a los consumidores.

De acuerdo con Székely, la iniciativa plantea la obligación de las empresas de poner bajo tierra su infraestructura de telecomunicaciones, como el cableado, sin considerar que este cambio implicará dificultades y costos muy altos a empresas y usuarios, ya que por décadas los cables (13 mil kilómetros, sólo en la Ciudad de México) se han instalado por vía aérea.

En un documento de la Anatel se mencionan otros puntos, como la vaguedad del proyecto de instalar bloqueadores de señal en las cárceles; las dificultades de formar un registro de usuarios de telefonía móvil –sobre lo cual ha habido dos intentos fallidos en México–, y el alza en el monto de las sanciones monetarias a las empresas del ramo.

Székely destacó la importancia de que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Peña Merino, inicie una mesa de diálogo con la industria de las telecomunicaciones, en que se aborden aspectos técnicos con toda amplitud.