El anteproyecto de dictamen de la ley secundaria sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos está ya lista y se someterá a consulta entre las comunidades originarias el próximo mes, a fin de que pueda aprobarse en un periodo extraordinario, dado que se venció desde marzo el plazo que se dio al Congreso en la reforma constitucional en la materia para tener lista esa legislación reglamentaria.

Se celebrarán cerca de 70 asambleas en las regiones indígenas y afromexicanas del país para consultar ese anteproyecto elaborado por un comité técnico asesor, bajo la coordinación del Senado y de autoridades gubernamentales, con miras a crear una ley que aterrice las nuevas disposiciones establecidas en la Carta Magna en torno a los derechos de un sector de la sociedad que había estado rezagado.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, precisó que en caso de ser aprobada esa propuesta durante la consulta que debe realizarse a nuestras comunidades origonarias, se remitirá a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a fin de que la Ejecutiva federal, Claudia Sheinbaum Pardo, la haga llegar al Congreso.

Reconocimiento

En el anteproyecto se aterrizan los preceptos de la reforma constitucional en la materia, promulgada el 30 de septiembre de 2024, a partir de una iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Garantiza el derecho a decidir conforme a sus normativas a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales.

Se reconoce y asegura el derecho de las indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.

Parte toral de la legislación es dejar claro el derecho de pueblos indígenas y afromexicanos a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno. Para ello se les deberá brindar asistencia jurisdiccional idónea.

En la ley se reconoce su identidad cultural, se protege la propiedad intelectual colectiva, sus diseños y arte, que han estado sujetos a plagios por empresas trasnacionales.

Se reconocen también sus formas de vida, expresiones espirituales, la biodiversidad que integran su patrimonio material:

El Senado y la Cámara de Diputados tenían como plazo para aprobar esta ley secundaria sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos 180 días después de que se promulgó. Venció el 30 de marzo y sólo podrá aprobarse luego de la consulta entre las ­comunidades.