Miércoles 21 de mayo de 2025, p. 4
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo que ninguno de los familiares de Ovidio Guzmán –miembro del cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos– enfrenta algún proceso judicial en México, por lo que su traslado a Estados Unidos fue voluntario y la autoridad local no puede catalogarlo como una entrega.
Indicó que tampoco se tiene conocimiento de que haya un proceso judicial en Estados Unidos contra los parientes del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder de la organización criminal.
Simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas (sic), que tienen que vincularse con todo lo que le acabo de decir.
Explicó que hay cuatro miembros de la familia Guzmán detenidos en Estados Unidos, el padre y tres de sus hijos; además que otro de los vástagos de El Chapo es uno de los factores de violencia más importantes en esa zona de México (Sinaloa y otros puntos)
.
Al respecto, el fiscal precisó: sobre ese particular, cuando nosotros intentamos la judicialización de lo que ocurrió allá en Culiacán, un juez federal nos impuso la obligación de que a través de las autoridades estadunidenses se ratificara lo que nosotros habíamos hecho. No estamos de acuerdo y lo hicimos público, hicimos la solicitud y sigo esperando la respuesta
.
Gertz también se refirió a las acusaciones por narcoterrorismo por parte del Departamento de Justicia estadunidense contra dos miembros del cártel de Sinaloa (Pedro Inzunza Noriega y Pedro Inzunza Coronel, padre e hijo).
No hemos todavía recibido ninguna información (de Estados Unidos), estamos en espera de ello. Y antes de dar cualquier respuesta, necesitamos saber qué es lo que nos solicitaron
, acentuó.
–¿Tienen una orden de aprehensión con fines de extradición?
–No le puedo decir hasta que no tenga yo la certeza –respondió.
Por otro lado, informó que el alcalde de Teuchitlán, José Ascension Murguía –detenido por el caso del rancho Izaguirre– también estaría involucrado en el contrabando de combustible, pues sus familiares son propietarios de camiones huachicoleros, delito en el que está vinculado el cártel Jalisco Nueva Generación.