Chalco, Méx., En la última década, más de 80 por ciento de las tierras agrícolas de la cuenca sur de Chalco, municipio del oriente del estado de México, han sido arrasadas por la mancha urbana y el despojo de tierras que padecen los campesinos que se resisten a dejar de cultivar, sobre todo el maíz endémico de esa región, que data de hace 10 mil años.

Ese robo, según los labriegos, es cometido por sujetos armados que utilizan maquinaria pesada para robar las cosechas, limpiar y aplanar las parcelas invadidas, donde abren calles, colocan estacas y, de un momento a otro, la tierra de cultivo ya está a la venta en lotes de 120 metros cuadrados.

Los labriegos del pueblo originario de San Pablo Atlazalpan se han unido para denunciar y exigir a las autoridades poner un alto a esta actividad ilícita que se perpetra en Chalco, que ocupa el séptimo lugar a nivel estatal en el delito por despojo.

Aseveran que los fraccionadores actúan presumiblemente con la protección de la policía local y en complicidad con empleados de la oficina de catastro del ayuntamiento.

El problema está a la vista de las autoridades, acusan. Antes eran visibles las cosechas de calabaza, chilacayote, amaranto, verdolaga, quelite, quintoniles, malva y diversas variedades de maíz, entre ellos el grano endémico. Ahora se aprecian tolvaneras y asentamientos humanos que ocupan más de 480 de las 600 hectáreas de cultivo que había originalmente.

Patricia Aldama Rodríguez mira con impotencia, rabia, miedo y tristeza lo que ocurre en la parcela San Lorenzo, propiedad legítima de la familia de su esposo. De cuclillas, toma entre sus manos varias matas de maíz y las acaricia con delicadeza; el grano florece entre la carpeta de asfalto que recientemente echaron los delincuentes para cubrir la tierra de siembra y abrir una calle, que da paso a unos 20 lotes ya delimitados ilegalmente.

A pesar del asfalto el maíz logra sobrevivir. ¡Sufrimos un robo! (pero) aquí está una muestra de que, dentro de todo el problema, puede surgir la vida, dice indignada por la impunidad con la que actúan los sujetos armados que la intimidan.

El peregrinar de Patricia se inició el 20 de enero pasado, cuando descubrió que los fraccionadores arrasaron con la cosecha. Se robaron todo el zacate y el maíz sembrado en la parcela de casi 3 mil metros cuadrados. Asfaltaron sobre la tierra fértil y en al menos tres ocasiones llevaron a posibles compradores de los predios.

Por cuatro generaciones han sembrado esa parcela; ahora, ella es contactada por los usurpadores, quienes, vía telefónica, le advierten que ya no se meta a la tierra, porque ellos son legítimos dueños. Afirman tener escrituras y los respectivos pagos de impuesto predial ante el catastro de la oficina de la tesorería de Chalco.

Incrédula, narra su realidad. Cuando fuimos a pagar el predial nos enteramos de que estaban pagados ya cuatro años. Cuestionaron a los servidores públicos ¿cómo fue posible que los delincuentes tuvieran copia de los recibos anteriores y pagaron sin ser propietarios? El personal del ayuntamiento, encabezado por el alcaldesa morenista Abigail Sánchez Martínez, respondió que no sabían quién pagó, pero aprovechó los descuentos de inicio de año y lo hicieron el 8 de enero pasado.

Patricia Aldama y su esposo, Juan José de Jesús Aparicio, presentaron una querella por despojo AME/CHA/00/MPI/204/00425/25/01. Personal del Ministerio Público hizo dos inspecciones, pero en cuanto se retiran regresan las camionetas con hombres armados, de quienes ha tomado fotografías.

Chalco es territorialmente extenso y agrícola. Aunque su población es menor a los 500 mil habitantes, se le considera cabecera de distrito de la región de los volcanes Popocatépetl-Iztaccíhuatl.

A nivel nacional, el estado de México ocupa el primer lugar por despojo con 42 mil 307 denuncias iniciadas ante el Ministerio Público, del primero de enero de 2015 al 31 de marzo de 2025.

En ese periodo, el municipio de Ecatepec ocupó el primer lugar con 4 mil 828 expedientes; Tecámac, 2 mil 234; Nezahualcóyotl, 2 mil 124; Toluca, 2 mil 97, e Ixtapaluca, en el quinto sitio con mil 858 casos.

Chimalhuacán se ubica en sexto sitio con mil 821 querellas; Chalco, séptimo, con mil 523; octavo Izcalli, con mil 475; noveno, Tultitlán, con mil 357 y décimo Naucalpan, con mil 336.

Ganan hasta $10 millones por parcela

Julio García de Jesús, representante de la Escuela de Campo en San Pablo Atlazalpan, externa su incertidumbre y la de otros productores que aún conservan, entre decenas de viviendas, sus terrenos agrícolas, y señala que más de 480 hectáreas fueron arrasadas por los fraccionadores, lo que representa 80 por ciento de las 600 hectáreas que había originalmente.

El territorio está asediado y la mancha urbana crece sin control; los últimos 10 años han sido los más fuertes, sostiene y afirma que hay un inminente riesgo de que el maíz chalqueño desaparezca y con ello su identidad como campesinos.

Nuestras tierras han sufrido invasiones, la mayoría lamentables porque varios compañeros perdieron sus tierras. A pesar de que en muchos casos se iniciaron carpetas de investigación para exigir justicia, no hemos visto una respuesta contundente de las autoridades, reprocha.

Al principio, explica, los fraccionadores ofertaban hasta 800 mil pesos (en pagos) por sus tierras; el precio variaba según el tamaño; sin embargo, cuando ellos dividen en lotes, ganan hasta 10 millones de pesos por parcela.

Amenazaban a los labriegos si éstos no aceptaban el acuerdo; ahora, en muchos casos ya ni siquiera ofrecen la compraventa. Con total impunidad, invaden, roban la cosecha, limpian el terreno, colocan estacas y fraccionan, acusa.

Aunque en el Instituto de la Función Registral mexiquense y en el catastro municipal hay registro de los legítimos dueños, el despojo está impune.

Se han hecho reuniones con autoridades locales, pero no dan una respuesta contundente. Como ciudadanos nos preocupa, porque tenemos miedo, pero también coraje, pues no hay impartición justicia, subraya.

Julio García es hombre de campo que defiende los cultivos, tiene dos parcelas rodeadas de casas. Él no cede y continúa cosechando maíz; no obstante, sus tierras están en riesgo.

Lotifica el vecino; pero no deja calle. Sólo deja dos metros y quiere que a fuerza yo entregue dos metros. Se deslindó el terreno, marqué los linderos y los que ya viven ahí dijeron que quien les vendió incluyó una parte de mi terreno, dos metros para la calle, relata.

Este pequeño productor ha sido prudente y no ha caído en la provocación de los fraccionadores que ejercen la violencia. Confía en la unión campesina para enfrentar este problema; para ello ya se coordinan la Escuela de Campo, la Unión de Productores Atlazalpan y el Comité de Pueblos Originarios.

Hasta ahora, Julio ha mantenido a raya a los invasores; sin embargo, ve con impotencia cómo sus compañeros están en desgracia por el despojo y continúa desapareciendo la tierra agrícola de su comunidad.

Para la activista Diana Contreras, representante de la asociación Comité de Pueblos Originarios en Chalco, el delito de despojo en zonas agrícolas tierras agrícolas es más grave y el problema está invisibilizado a pesar de que en la última década el ilícito creció de manera alarmante.

Considera que el desorden territorial puso en peligro la producción alimenticia y a la par la reserva protegida, principal área de conservación natural y recarga acuífera de la cuenca en Santa Catarina Ayotzingo, San Mateo Huitzilzingo y San Pablo.

Asegura que los delincuentes lotifican y crean colonias sin planeación; no tienen servicios básicos y los problemas los dejan a nuestra comunidad. Cada día, agregó, aparecen decenas de construcciones que ponen en riesgo los campos agrícolas que aún quedan entre asentamientos irregulares.

El campesino hace su trabajo, pero en tiempo de cosecha es robado. La gente que vive alrededor se mete a cortar elotes, pisa las matas, hace veredas en perjuicio del cultivo. Sostiene que las autoridades municipales y estatales ya quedaron rebasadas porque el crecimiento urbano es desmedido, descontrolado y sin planeación.