La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, se pronunció por aplicar sanciones más severas a servidores públicos y empresas que no cumplan con las normas establecidas para prevenir percances, como el que ocurrió en el Festival Axe en el parque Bicentenario, donde fallecieron dos personas, y el desplome de un escenario en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En entrevista, luego de reunirse en privado con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino, la funcionaria detalló que en el primer caso las responsabilidades penales y administrativas serán determinadas por la Fiscalía General de Justicia, pero aclaró que existe una ruta muy clara en la ley que señala los márgenes de responsabilidad para este tipo de eventos, tanto para las autoridades del gobierno central como de las alcaldías.

La fiscalía, agregó, está haciendo esa investigación de quiénes son los que tenían que recibir el programa especial de protección civil, quiénes lo tenían que revisar y hacer observaciones, a quiénes correspondía hacer la verificación de que esas observaciones fueran cumplidas y quiénes debían estar en él antes, durante y al terminar el evento hasta que el promotor privado sacara todo su equipo.

A pregunta expresa sobre la conveniencia de endurecer las sanciones, tanto a los particulares como a funcionarios en casos como el Festival Axe, en el que se desplomó una grúa no reportada en el plan de protección civil, adelantó que se está plantando también apretar, con sanciones mucho más severas, a quien no cumple con lo que se debe hacer.

Refirió que en la reunión de cabildo que encabezó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el viernes pasado, se explicó a los titulares de las demarcaciones la ruta, las responsabilidades y atribuciones que corresponden a ambos niveles de gobierno para este tipo de eventos, y lo que sigue es seguir reforzando la normativa tanto para el gobierno central como para las alcaldías.