Washington. Una red de abogados en Estados Unidos denunció que cientos de migrantes venezolanos deportados por la administración del presidente Donald Trump fueron convertidos en fantasmas legales, ya que sus nombres no aparecen en registros oficiales ni sus casos pudieron ser defendidos adecuadamente en tribunales de inmigración, reportó ayer la revista The New Yorker, en una semana en la que funcionarios del gobierno colocaron afuera de la Casa Blanca carteles con los rostros de migrantes que han sido detenidos por las autoridades migratorias.

Los carteles muestran a migrantes arrestados por asesinato en primer grado, abuso sexual de un niño, secuestro y violación, asesinato, pedofilia y distribución de fentanilo, y describen a los detenidos como extranjeros ilegales, aunque sus nombres y estatus legales precisos no están incluidos.

En tanto, la revista estadunidense ahondó en el caso de Pedro Escobar Blanco, quien ingresó de forma legal a Estados Unidos en julio de 2024 y fue detenido en octubre tras una redada laboral en San Diego. Fue deportado el 15 de marzo a una prisión salvadoreña sin haber sido notificado formalmente ni haber tenido contacto con su abogada.

Pese a ello, un juez migratorio en California celebró su audiencia de asilo en ausencia y ordenó su expulsión definitiva del país, lo que le prohibirá volver por al menos 10 años. “Su ‘no comparecencia’ no fue culpa suya, sino que el ICE no lo presentó”, declaró su abogada Andreana Sarkis.

The New Yorker reportó que la administración Trump no reveló los nombres de los deportados y se negó a detener vuelos de aeronaves en las que eran trasladados, pese a una orden judicial federal que exigió suspender las deportaciones.

El gobierno aseguró que no estaba obligado a presentar pruebas en contra de los acusados, a quienes señaló como miembros del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua.

En riesgo 450 mil niños

Washington está realizando una revisión nacional, en la que participan varias agencias, del estatus de 450 mil niños que cruzaron la frontera desde México sin sus padres, durante el mandato del presidente Joe Biden, con el fin de localizarlos y garantizar su seguridad.

Defensores de derechos civiles dudan de las tácticas del gobierno republicano, que incluyen el envío de agentes de Seguridad Nacional y de la Oficina Federal de Investigación a visitar a los niños, aunque los funcionarios afirman que los patrocinadores que acogieron a niños migrantes no siempre fueron investigados adecuadamente, lo que los arriesgó a sufrir explotación.