La Cámara de Diputados avaló ayer una nueva Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en una sesión donde los partidos mayoritarios ampliaron las causales por las que se pueden otorgar contratos públicos por adjudicación directa, lo que generó múltiples críticas por parte de la oposición.

Con 329 votos en favor –de Morena, PT y PVEM– y 118 en contra –de PAN, PRI y MC– el dictamen fue aprobado, en medio de acusaciones mutuas entre los bloques legislativos de haber permitido la corrupción y la opacidad en sus respectivos gobiernos.

Tras la aprobación de la iniciativa en lo general, dio inicio la exposición de un total de 85 reservas, entre ellas una de la morenista Claudia Rivera Vivanco, quien propuso cambios en cuatro artículos del dictamen para ampliar los periodos de firma de contratos una vez que se hayan adjudicado, y autorizar la asignación directa de obras y servicios también para personas físicas.

Además, para ratificar que las dependencias y entidades gubernamentales podrán asignar contratos sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, sino únicamente a la invitación a cuando menos tres personas o a la adjudicación directa.

De inmediato, legisladores de la oposición denunciaron que el cambio aprobado ahondaría la opacidad en las contrataciones públicas. Margarita Zavala (PAN) alertó: lo que está haciendo esta reserva es ampliar todavía más las excepciones a las licitaciones. La ley debería cuidar que esos espacios de corrupción se estrechen, no se ensanchen. Y esta reserva todavía ensancha más las posibilidades de corrupción.

Su compañero Asael Hernández alertó con tono irónico que Morena y sus aliados “lo que quieren es legalizar sus atracos, sus ‘bisnes’. Ya no quieren licitar, lo que quieren es asignar contratos de manera discrecional a todos sus cuates”.

La réplica vino a cargo de Ana Karina Rojo Pimentel (PT), quien llamó a que “cada quien responda a sus hechos. Y lo digo porque los prianistas son muy capaces de decir cómo se lleva a cabo la corrupción, lo han venido a explicar aquí, porque durante 36 años y más lo han hecho. No se nos olvide quién es hoy presidente del PAN, quien estuvo de acuerdo con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, Jorge Romero Herrera”.

Por su parte, la petista Margarita García aseguró que la aprobación de la nueva ley acabará con los “grandes negocios del Prian” en la asignación de contratos públicos, como el firmado en 2010 por el ex presidente Felipe Calderón para asignar a seis empresas privadas la construcción de ocho cárceles, por más de 3 mil 400 millones de pesos. Dichos contratos, dijo, están bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades.

PAN y PT se enredaron en un agrio debate, cuando panistas señalaron al fundador del partido aliado de Morena, Alberto Anaya, del presunto desvío de 800 millones de pesos en la operación de centros de desarrollo infantil.

Tras la aprobación, la minuta se envió al Senado para su ratificación legislativa.