En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que en México se respetan las garantías fundamentales.

De parte de la autoridad, dijo, no hay represión, se protegen las garantías constitucionales y la población ejerce su derecho a la salud, a la educación, a la cultura y al acceso a la justicia. Actualmente los apoyos a la población se han convertido en derechos sociales.

Destacó que desde la llegada de los gobiernos humanistas, la gente dejó de recibir dádivas gubernamentales para convertir los apoyos en derechos de la población, porque esos programas ya están inscritos en la Constitución. Es obligación del Estado, no un capricho pasajero de cualquier autoridad. Es un cambio de paradigma; no para unos sí y para otros no, sino para todos; son derechos universales.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó sendos decretos en favor de las comunidades originarias, en los que destaca la creación de la Comisión Presidencial para dar seguimiento a los 17 planes de justicia de pueblos indígenas.

“Les voy a adelantar algo: el próximo año, por primera vez –aunque creo que ya lo había dicho aquí–, las cerca de 13 mil comunidades originarias que tiene registradas el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas van a recibir por primera vez un presupuesto. Ese es un cumplimiento de la reforma constitucional.”

La mandataria se refirió a la titular de SG como nuestra gran secretaria. En su momento, Rosa Icela Rodríguez señaló que en esta segunda etapa de los gobiernos de la transformación, se trabaja por ser incluyentes y respetar la diversidad, y se impulsan acciones para reducir los actos discriminatorios de cualquier tipo y la violación de las garantías fundamentales.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, expuso que este gobierno tiene el compromiso absoluto de que ningún esfuerzo iniciado en la administración pasada sea abandonado. No habrá carpetazos. Dijo que en el caso del esclarecimiento de la guerra sucia, la Fiscalía General de la República realizó la traslación de delitos perpetrados porque se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

En materia migratoria, comentó que en 2024 se rescató a poco más de 900 mil migrantes y se otorgaron 3 mil 457 visas humanitarias. En colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy se construye un Centro Multipropósito en Tapachula, Chiapas, para atender de manera digna a los indocumentados en el sur del país.

Mencionó que en materia de desa-parición de personas, se diseñó una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y se integró la Red Nacional de Personas Buscadoras. Asimismo, se está mejorando el Registro Nacional de Personas Desa-parecidas y no Localizadas para hacerlo más eficaz.

Para el resguardo de defensores de derechos humanos y periodistas, se ha reforzado el Mecanismo de Protección, que ha triplicado el número de personas bajo su atención. En el Registro Nacional de Víctimas se tienen apuntadas más de 10 mil afectados directos e indirectos de delitos o violaciones a los derechos humanos perpetrados principalmente antes de 2018.

Finalmente, dijo que existe el compromiso de alcanzar la verdad y la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Con la FGR se trabaja en 135 expedientes; hay 152 procesados y se trabaja en 382 sitios de búsqueda.