El Senado ha aprobado en tres meses del primer periodo ordinario de la Legislatura 11 reformas constitucionales del llamado plan C, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y dos de la mandataria Claudia Sheinbaum, y se apresta para sacar una gruesa agenda pendiente en las próximas dos semanas.

El periodo cierra el 15 de diciembre y en ese lapso se deberán aprobar las leyes secundarias de las reformas a la Carta Magna, en especial de la judicial y la de igualdad sustantiva.

Por ello, la próxima semana el Senado sesionará cuatro días, en lugar de dos, ya que debe aprobar la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos y avanzar en las tres iniciativas de la reforma constitucional sobre igualdad de género, que se publicó el pasado 15 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

En las iniciativas se refuerzan las normas para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género. Incluye modificaciones a la legislación laboral, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, a la Ley General del Sistema para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta última ya fue aprobada en comisiones, pero restan las demás.

Se debe remitir minuta con leyes secundarias

Igualmente, el Senado debe esperar que la Cámara de Diputados apruebe y le remita la minuta con las tres leyes secundarias de la reforma judicial, propuestas por la presidenta Sheinbaum, que son la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Hasta el momento el Senado ha aprobado dos reformas a la Carta Magna enviadas por la presidenta Sheinbaum, ésta de igualdad sustantiva y la que da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sacó ya 11 de las 17 reformas del paquete de iniciativas presentado el 5 de febrero pasado por el ex presidente López Obrador.

La primera fue la reforma judicial votada el 11 de septiembre, seguida por la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la de la Guardia Nacional, la de Vías de Transporte Ferroviario, la de Áreas y Empresas Estratégicas, que regresa al Estado su rectoría sobre el petróleo y la electricidad, la de Bienestar, de Vivienda y de Protección Animal.

Asimismo, la que amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa y la más reciente, la que extingue siete órganos autónomos. A excepción de éstas dos, cuyo proceso legislativo avanza en los congresos locales, todas las demás fueron ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación y están en vigor.

En San Lázaro se aprobó desde el 24 de septiembre la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero está detenida en el Senado por su impacto presupuestal.

De ese paquete propuesto por López Obrador falta aprobar la referida a Austeridad y Percepciones, la nueva Ley de Pensiones, la que prohíbe y sanciona la producción y comercio de fentanilo y los vapeadores, que lo más seguro es que queden hasta el próximo periodo de febrero.