De forma acelerada avanza en los congresos locales la reforma constitucional que extingue siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Hasta anoche, 11 legislaturas estatales la habían avalado y remitido la documentación al Senado, un día después de que esa reforma en materia de simplificación orgánica fue aprobada por esa cámara.

De hecho, cinco de esos congresos estatales (Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas) sesionaron horas después de que se votó en el Senado esa modificación a diversos artículos de la Carta Magna, el pasado jueves 28. A ellos se sumaron ayer viernes las de Chiapas, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

La reforma extingue, además del INAI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y las comisiones Federal de Competencia Económica, Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, cuyas atribuciones y facultades se transfieren a diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal.

Forma parte del paquete de iniciativas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como plan C, que presentó el 5 de febrero de este año. Se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 20 noviembre y en el Senado el 28 de este mismo mes. Dada la celeridad con que se ha avalado en las legislaturas locales, se prevé que entre martes y miércoles se lleve a cabo la declaratoria de constitucionalidad de esa reforma por ambas cámaras del Congreso de la Unión y se remita al Diario Oficial de la Federación, para que se publique.

Aval a prisión preventiva oficiosa en 16 legislaturas

En tanto, la reforma que modifica el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa también avanza con gran rapidez. El Senado la aprobó el pasado miércoles 27 cerca de la medianoche y hasta ayer 16 legislaturas locales la habían votado a favor.

Hasta anoche faltaba un solo congreso local para que se reuniera la mayoría necesaria en torno a esa modificación que agrega la extorsión, la producción y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Del plan C de López Obrador, la que está rezagada es la modificación al artículo 123 constitucional, que señala que los aumentos al salario mínimo nunca podrán estar por debajo de la inflación. Se aprobó desde hace más de un mes y al 10 de octubre la habían votado a favor 16 legislaturas locales. Es decir, sólo falta una para que sean la mitad más uno requerida, pero el proceso se detuvo, al parecer por un tema de impacto presupuestal.