Carlos Antonio Vázquez García, ex titular de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SG), opera desde hace dos semanas como coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Aunque no ha habido un anuncio oficial, fuentes confirmaron a este diario que ya fue presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, al frente de la Comar, encargada de la política de refugio en el país.

Vázquez García es licenciado terapista en comunicación humana por el Instituto Nacional de Rehabilitación, y tiene una maestría en administración pública, por la Universidad del Valle de México.

Su experiencia en materia de migración es reciente, con su llegada al frente de la UPM el primero de enero de 2024, ya que previamente fue director general de Implementación y Evaluación de Políticas para la Prevención, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de abril de 2021 a diciembre de 2023.

Sustituye en el cargo a Andrés Ramírez, quien salió de la Comar el pasado 30 de septiembre, antes de que se iniciara la nueva administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Como encargado de despacho operaba Germán Gutiérrez.

Fuentes vinculadas a la labor de la Comar señalaron sus preocupaciones respecto a la llegada de Vázquez García a esta instancia en momentos en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amaga con endurecer las políticas migratorias de ese país. Lo anterior, dado que se prevé un incremento de solicitudes de refugio y el nuevo responsable no es especialista en el tema de procesos de la condición de refugiado y atención a la población necesitada de protección internacional.

Por separado, Salvador Guerrero, director de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, de la Universidad Iberoamericana, expuso que la Comar tiene enfrente importantes pendientes, como garantizar su operatividad, ya que históricamente no ha tenido presupuesto. Para 2025, además, se prevé un recorte de recursos de 7 por ciento, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, tiene el reto de asegurar un acceso real al proceso de asilo en México y fortalecer la coordinación con las otras autoridades.