Legisladores oficialistas buscan liberar a condenados por crímenes de la dictadura
Sábado 30 de noviembre de 2024, p. 20
Buenos Aires., El presidente Javier Milei y su gabinete parecen dispuestos a aplicar la motosierra
a las fuerzas armadas. Hoy se conoció el paso a retiro del comandante operacional del Estado Mayor Conjunto, Fabián Berredo, uno de los cinco militares más importantes del país, quien presentó una denuncia ante el juez federal Daniel Rafecas, acusando al subjefe del ejército Carlos Carugno de haberlo amenazado y extorsionado para que se retire, o de lo contrario despedirían a su esposa Claudia Barros, coronel médica del Hospital Militar.
Berredo dijo que considera que él ocupaba un cargo estratégico, y el asunto de su retiro se trató de una clara figura de coerción; me mandaron un mensajero para decir que si para antes de tal fecha no pedía el retiro iba a ocurrir este hecho con mi señora
, dijo en una entrevista de radio Mitre del grupo Clarín.
A lo largo de tres meses, y antes de presentar mi renuncia indeclinable, he presentado esta situación a la institución, a las máximas autoridades militares y civiles mediante notas, y esperé a que se tomen las medidas del caso; pensé que iban a hacerlo en forma instantánea y rápida
, expresó en su carta de renuncia que entregó al presidente Milei, señala el diario digital Infobae.
Milei instrumentó una fuerte renovación y reducción de los altos mandos de las fuerzas armadas, reforma que incluyó, además, acuerdos en el Senado para los ascensos de los nuevos cargos militares: el general Xavier Julián Isaac, quien asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto; el general de brigada Carlos Alberto Presti, como principal encargado del Estado Mayor General del ejército; el contralmirante Carlos María Allievi fue mando de la Marina; y el brigadier mayor Fernando Luis Mengo quedó al mando de la fuerza aérea”.
Este último nombrado pocos días antes de la asunción de Milei, fue pasado a retiro el 21 de noviembre por presunta corrupción
, según se informó, por presuntamente haber utilizando aviones para cuestiones personales.
En la restructuración militar de Milei, tras asumir el gobierno, pasó a retiro a 23 de los 55 generales del ejército y siete de 26 almirantes. Lo extraño es que no hay protocolos o elementos claros para explicar cómo se selecciona a quienes deben pasar a retiro, cuando ni Milei ni su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, ni el ministro de Defensa, Luis Petri, tienen experiencia en esta temática, pero, evidentemente, ya tenían una lista al sumir el gobierno.
En tanto, organizaciones que defienden a los militares juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad presentaron un habeas corpus colectivo para pedir la liberación de los acusados, bajo la premisa de que son víctimas de procesos judiciales.
Patrocinadores del candidato
A días de cumplir un año bajo el gobierno de Milei y después del escándalo político que significó la visita que hicieran los diputados de La Libertad Avanza a los responsables del terrorismo de Estado aplicado durante la dictadura militar, quienes cumplen condena en la cárcel de Ezeiza, ahora demandan aparecer ante los tribunales.
Los medios locales investigaron que los detenidos habrían ayudado económicamente en la campaña electoral de la asociación política que abanderó a Milei.
Entre ellos figuran Alfredo Astiz, junto con otros integrantes que actuaban en la escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como de Jorge Eduardo Acosta, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo y otros temibles personajes de esa historia de horror que vivió Argentina, como el sacerdote Christian Federico von Wernich (condenado por siete asesinatos).
Los organismos que interceden por los detenidos por crímenes durante la dictadura, argumentan: conceder la prisión domiciliaria u otras medidas morigeradas de detención no desatiende compromisos internacionales del Estado
. Además, si su objetivo no se puede resolver con cárcel domiciliaria solicitan que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que “dicte normas diferenciadas y condiciones especiales de trato para sus defendidos.
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