l proyecto de recorte presupuestal a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha preocupado a la nueva titular, Alicia Bárcena, según declaraciones que hizo la semana anterior. Hay razón para tal inquietud: en 2024 su presupuesto fue de 73.2 mil millones de pesos, y para 2025 se le han programado 44.3 mil millones; es decir, 25.8 mil millones menos, lo que significa 39.4 por ciento a la baja (https://goo.su/1FJ5B).

Una cercenadura presupuestal de esa magnitud implicaría reducir la posibilidad de cumplir diversos compromisos de índole internacional pero, sobre todo, de atender con eficacia la crítica situación nacional que se vive en la materia, con industrias extractivistas a la conquista ruda de más negocios y grupos del crimen organizado que fungen como depredadores por sí mismos o como sicarios contra defensores del medio ambiente y grupos ecologistas.

Las anunciadas penurias de la Semarnat alientan las expectativas revanchistas de grupos que durante la administración de López Obrador fueron contenidos en sus proyectos expansivos. En San Luis Potosí, por ejemplo, los empresarios que tenían todo listo para construir un lujoso fraccionamiento residencial en la Sierra de San Miguelito están reactivando a campesinos que les son afines para que apoyen un presunto resultado judicial que les permitiría retomar el proyecto.

La acometida inmobiliaria ha sido frenada en lo inmediato, pues este viernes estuvo en la capital potosina el titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, para reunirse, durante más de seis horas, con ejidatarios y comuneros de la Sierra de San Miguelito que acusan a jueces de distrito y abogados en SLP de buscar la anulación del decreto presidencial que protege la zona.

Suárez Carrera aseguró que en conjunto, Semarnat, Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Registro Agrario Nacional defenderán dicha sierra, así que no hay posibilidad de autorizar el cambio de uso de suelo en áreas de uso común, y mucho menos para proyectos inmobiliarios (https://goo.su/yqDC4L). Aun así, los intereses empresariales, con apoyo de instancias del gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo, creen posible vencer el compromiso del gobierno federal, sobre todo ante el debilitamiento presupuestal en la administración claudista.

Otro punto crítico está en la bahía de Ohuira, donde se han multiplicado las empresas que desean instalar plantas de producción. Ya no es solamente Gas y Petroquímica de Occidente (el proyecto original, apoyado por los tres niveles morenistas de gobierno), sino Pacífico Mexinol, Vista Pacífico NLG, Gasoducto Corredor Norte y Productos Pesqueros de Topolobampo.

Con el añadido de que el gobierno municipal de Ahome (al que pertenece la citada Bahía de Ohuira), a cargo del morenista Gerardo Vargas Landeros (fue secretario general de Gobierno con Mario López Valdez), insiste en agudizar más el problema, porque aunado a todo este escenario (...) acaba de autorizar un nuevo Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde propone que el corredor Mochis-Topolobampo sea su vocación industrial, utilizando este instrumento para favorecer intereses particulares por encima del bienestar colectivo.

A las comunidades indígenas en resistencia ante estos proyectos nocivos no se les ha escuchado o abiertamente se les ha engañado: Luisa María Albores, cuando era titular de la Semarnat, prometió varias veces ir personalmente a la bahía de Ohuira a escuchar a los afectados y nunca cumplió; Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, también prometió e incumplió.

Ahora, el movimiento ¡Aquí No! y los nativos de Ohuira invitan a la secretaria Bárcena a que vaya allá y los escuche y atienda. Tal vez el presupuesto de Semarnat, aunque muy recortado, alcance para algún boleto de avión que permita a Alicia Bárcena ir a tomar el pulso de un problema candente. ¡Hasta mañana!

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