El Tribunal Electoral de la Ciudad de México recibió un recurso de un particular en el que acusa a las nuevas consejeras del Instituto Electoral local –que impugnaron su sueldo en aras de obtener uno de más de 135 mil pesos– de abusar del principio de igualdad salarial, pese a que la presidenta del organismo, Patricia Avendaño, gana 87 mil 821 pesos.

Se trata de un amicus curiae que permite la intervención de terceras personas en un juicio para emitir una opinión sobre un determinado caso. De acuerdo con el escrito, el particular aseguró que la vulneración de la igualdad salarial alegada por las consejeras María de los Ángeles Gil, Melisa Guerra y Cecilia Hernández no aplica, pues existe otra servidora pública –la presidenta Patricia Avendaño– que realiza el mismo trabajo y recibe un sueldo menor conforme al tabulador aprobado acorde con la Ley de Austeridad, de ahí que, en su opinión, el agravio que convocaron las consejeras no existe.

Las tres consejeras electorales impugnaron su salario de 87 mil 821.02 pesos mensuales netos por uno de 135 mil 779.36 pesos, que es mayor al que recibe la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El demandante indicó que la austeridad en todas las instituciones es un tema de transversalidad, horizontal y vertical para todo el personal, desde mandos de dirección, cargos operativos y medios, al que se debe cernir todo servidor público, como las consejeras.

Mencionó que el neoliberalismo y el capitalismo rapaz ha sumergido al país y a la ciudad en una situación económica desfavorable para millones de mexicanos, por lo que la autoridad debe poner el ejemplo y eliminar los altos sueldos de la alta burocracia.

Las personas funcionarias públicas deben atender como principio ético social, vivir en la justa medianía, pero sobre todo a ser temáticos y recíprocos con la sociedad.

Se buscó la opinión de diversos actores de Morena que promueven la austeridad y los bajos salarios; sin embargo, no quisieron atender la petición, pues supuestamente se trata de asuntos internos de órganos autónomos, aun cuando hace tres años los diputados de la bancada reformaron el Código Electoral local para obligar a los consejeros a reducir la estructura, criticaron sus altos salarios, y además han recortado el presupuesto del instituto en los cuatro años recientes.

Fuentes cercanas aseguraron que la verdadera razón por la que morenistas no quieren emitir una opinión es porque está de por medio la organización de la elección de jueces el año próximo.