La destrucción de inmuebles catalogados por su valor artístico en la alcaldía Cuauhtémoc continúa ante la omisión de las autoridades de la demarcación y la complicidad de jueces que amparan a las desarrolladoras inmobiliarias para continuar con las obras irregulares, aseguró el presidente de la Fundación Roma, Mario Rodríguez.

En entrevista, el activista en defensa del patrimonio cultural y urbano explicó que ha detectado dos modus operandi: por un lado, cuando las autoridades colocan los sellos de suspensión de actividades, las constructoras los violan, y si los vuelven a poner, de nuevo los quitan, hasta que concluyen con la demolición de los inmuebles, como ocurrió en el predio de Zacatecas 212, en la colonia Roma Norte, donde quedó el lote baldío, pero ya se está proyectando un desarrollo inmobiliario.

Otro caso emblemático, añadió, es el de avenida Misisipi 61, en la colonia Cuauhtémoc, donde a pesar de que se denunció oportunamente, se derrumbó una vivienda unifamiliar, obra del arquitecto Luis Barragán, y en su lugar se construyó un edificio de cinco niveles con planta baja sin los permisos de ninguna autoridad.

Explicó que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) puede suspender las actividades, pero no tiene facultades para imponer sanciones cuando las reanudan de manera irregular, pues esta acción corresponde a la alcaldía, que durante la administración encabezada por Sandra Cuevas fue totalmente omisa y no intervino, a pesar de las denuncias vecinales.

Por otra parte, comentó que también han identificado que la colocación de sellos por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) termina en amparos por las inmobiliarias y se reanudan las obras, debido a que los procedimientos no fueron ejecutados de manera adecuada.

Cuatro casos de muchos

Uno de estos casos es el de Zacatecas 202, donde en diciembre de 2023 se suspendieron las obras, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México ordenó el retiro de los sellos y los trabajos se reanudaron en junio, a pesar de que no cuentan con manifestación de construcción.

Sobre la misma calle, en el predio número 87, sucedió algo similar. En este caso, la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó la demolición total, excepto la fachada, pero la obra no contó con la autorización de la alcaldía. Por esta razón se colocaron sellos, que después fueron retirados mediante un amparo y se edificó un nivel adicional a los permitidos.

En Colima 233 y en Álvaro Obregón 124 han seguido el mismo modus operandi porque ya encontraron el camino: la PAOT te pone sellos, pero si los quitas la alcaldía es omisa, y si lo hace el Invea, se amparan”, expresó.

De acuerdo con los registros de la PAOT, tan sólo este año un total de 24 casonas fueron intervenidas sin contar con el aval del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que se les colocaron sellos de suspensión de actividades.

La mayoría de ellas se encuentran en la colonia Roma Norte, con 14 casos, seguida del Centro, con siete; la Hipódromo, con dos, y Santa María la Ribera, con uno.