Lunes 4 de noviembre de 2024, p. 32
La pelea legal por el control del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, que recibe un financiamiento de 50 millones de pesos anuales, comenzó con la presentación de un juicio electoral por parte de diversos integrantes al acusar a Nora Arias de no contar con facultades para solicitar el registro local del partido.
Los agraviados, entre ellos la ex diputada Polimnia Romana y el ex delegado de Iztacalco, Carlos Estrada, acusaron que, de manera unilateral, Arias determinó ilegalmente hacer la solicitud de registro del partido sin consultar a todos los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva, esto, al asumir que encabezaba la presidencia del partido, pese a que en septiembre ella ya no ostentaba el cargo.
Los inconformes la señalaron de violar el reglamento interno del partido, al asumir como diputada local y presidenta a la vez, lo que está prohibido; incluso, hicieron referencia al caso de la ex alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, quien renunció a su puesto en el área de Igualdad de Género para participar como candida-ta en el proceso electoral de 2021.
Aun cuando el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) decidió no pronunciarse sobre el tema, Arias se ha respaldado en una jurisprudencia que refiere que ante una situación extraordinaria como la que vivió el partido a nivel nacional, en este caso la pérdida de su registro, opera una prórroga implícita en la duración del cargo de las dirigencias.
El medio de impugnación también fue respaldado con las firmas de Karla López Celis, que se ostenta como secretaria general de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD local; Sergio Iván Galindo Hernández, secretario de asuntos electorales y política de alianzas; Carmen Rocha Sin, secretaria de comunicación política, y Rocío Sánchez Pérez, secretaria de agendas de igualdad de géneros y diversidad sexual.
Hace unos días el IECM concedió el registro local al PRD, luego de que Arias presentara la solicitud con nuevos estatutos que permiten la relección de la presidencia del instituto hasta 2031 y la remuneración de los cargos de dirigencia.
Los nuevos lineamientos no contienen ningún candado que impidan a la perredista volver a competir por la dirigencia.