Más de una decena de personas que firmaron hace un año contratos con el entonces Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, encabezado por Anselmo Peña Collazo, por departamentos en el edificio de la calle Zapata 82, en el pueblo de Santa Anita, Iztacalco, no han accedido a sus casas porque el organismo proporcionó indebidamente las llaves al dirigente de una organización que los apoyó a gestionar el proyecto y les pide un pago de 200 mil pesos para entregárselas.

Jesús Miranda Barreda era uno de los propietarios del predio cuando fue una vecindad habitada por ocho familias, cuya posesión estuvo durante muchos años en la indefinición y lograron regularizarla en 2004.

Al siguiente año, vecinos y otras personas de la comunidad a las que invitaron formaron la asociación Casa, Vida y Hogar, para gestionar ante el Invi un proyecto de 23 departamentos.

Ante las dificultades para avanzar porque el Invi estaba coptado por las organizaciones y el fraude de que fueron víctimas por parte de la empresa ABC Edificaciones y Proyectos, dirigida entonces por Jorge Aceves Rivas, a quien pagaron 100 mil pesos para realizar el proyecto ejecutivo pero no cumplió y tampoco pudieron recuperar el dinero, aceptaron la propuesta del dirigente de la agrupación Nuevo Bloque Urbano, Juan Leonardo Martínez Barrientos, para apoyarlos en las gestiones ante el organismo a cambio de incrementar el número de departamentos del proyecto de 23 a 28 para incorporar a cinco externos.

Fue hasta 2019 que inició la obra, con varias interrupciones, y se concluyó el año pasado, pero con distintas maniobras ha ido sacando a gente originaria del proyecto para meter a más externos.

Primero los convenció de que le cedieran los derechos del predio para hacer los trámites, luego de salirse de la propiedad porque ya iban a entrar las máquinas y se enteraron que en el Registro Público de la Propiedad aparecía la empresa constructora Grupo DIC como dueña.

Además de 56 mil pesos que cada familia pagó para las gestiones del proyecto, ahora que se concluyó, para entregar las llaves pide que le firmen un documento en el que reconocen un adeudo de 200 mil pesos por supuestas cuotas atrasadas desde 2016, gastos de representación y un excedente de obra, y advierte que conforme a los estatutos del Invi si no firman el escrito puede sacarlos del lugar.

Miranda advirtió que Leonardo Martínez está metido en varios predios más en Santa Anita, donde se exhiben lonas en las que se lee que la propiedad está en custodia de Nuevo Bloque Urbano.