En el Senado, la reforma constitucional en materia de vías férreas pasó la primera aduana al ser aprobada por unanimidad en comisiones, durante una reunión, en la cual Morena reprochó que fue con el priísta Ernesto Zedillo cuando se privatizó el sistema ferroviario.

La oposición se manifestó en favor del dictamen, pero aprovechó para advertir que vigilará no suceda en proyectos futuros lo que paso con el Tren Maya, cuya obra se caracterizó por el sobrecosto.

El documento plantea reformar el artículo 28 constitucional, para modernizar el marco legal sobre la utilización de las vías ferroviarias.

En concreto, señala que el Estado retoma el derecho de usar las líneas férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.

Destaca que los ferrocarriles, tanto para transporte de carga como de pasajeros, son prioritarios para el desarrollo nacional.

En sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Comunicaciones y Transportes, la senadora del PRI Carolina Viggiano dejó en claro que su partido está en favor de la minuta. Destacó que actualmente, la red ferroviaria tiene 25 mil 732 kilómetros y se van a agregar en este gobierno 353, pero vamos a vigilar que no ocurra lo que sucedió en el Tren Maya.

Resaltó que no se conoce bien el costo de esa obra dado que la información al respecto fue reservada, si bien se sabe que en lugar de 120 mil millones se invirtieron 150 mil. Además, sólo se han movido a cerca de 250 mil pasajeros, esto es 35 mil al mes. Esto lo hace sea poco rentable.

Del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón consideró que la reforma impulsa la movilidad y contribuye al desarrollo de diversas regiones, pero el nuevo gobierno debe conducirse con legalidad y transparencia en la construcción de los proyectos ferroviarios de gran calado.

En contrapartida, la senadora de Morena Laura Estrada Mauro señaló que con esta propuesta se restaura la autonomía nacional y se revierte la privatización impulsada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, pues se le regresa al pueblo el transporte ferroviario.