Un tribunal colegiado concedió un amparo a Brenda Quevedo Cruz, una de las presuntas involucradas en el plagio y homicidio de Hugo Alberto Wallace en julio de 2005, que ordena a un magistrado de apelación revisar si es justificada la ampliación de la prisión preventiva que le impusieron hace 17 años.

Los abogados de Quevedo Cruz ya habían solicitado al juez un amparo para que su representada continuara su proceso en libertad, usando un brazalete electrónico, pero el togado rechazó la petición en una sentencia de noviembre de 2021, donde valoró las razones por las que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

Ayer, el octavo tribunal colegiado en materia penal pidió al primer tribunal colegiado de apelación revisar si es sensata la cárcel preventiva conforme a los criterios establecidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver sobre la razonabilidad del plazo transcurrido en el proceso sin dictado de sentencia definitiva y, en su caso, si es justificada la prolongación de dicha medida cautelar.

En 2009, Quevedo Cruz fue extraditada de Estados Unidos, luego de ser entregada a personal de la Policía Federal para cumplir la orden de aprehensión librada por el juzgado 16 de distrito penal, con sede en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad. La imputada fue detenida en Louisville, Kentucky, por autoridades estadunidenses en noviembre de 2007, y un mes después el gobierno mexicano solicitó su extradición.

En octubre de 2020, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió un documento donde requirió su inmediata liberación, luego de encontrar graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas.