La jueza segunda de distrito con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que los ocho militares que fueron detenidos por presuntamente haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, deberán permanecer en prisión preventiva, aunque la defensa de los integrantes del Ejercito Mexicano señaló que en las constancias que leyeron los ministerios públicos no se menciona el nombre de ninguno de los implicados ni la forma en que intervinieron en la desaparición forzada de que se les acusa.

Luego de una audiencia que duró más de 15 horas –se inició el miércoles antes del medio día y concluyó ayer a las 5:30 horas–, la defensa de los ocho militares solicitó la duplicidad del término (de 72 a 144 horas) para que se defina su situación jurídica, ya que pretenden aportar pruebas de descargo que pudieran dar como resultado que no se les dicte auto de formal prisión por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, los representantes de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa leyeron las acusaciones, sustentadas en señalamientos de testigos protegidos, entre ellos uno identificado con el nombre clave de Juan, y que ha sido señalado de ex líder de la organización criminal Guerreros Unidos.

Comparecencia a distancia

Los ocho militares que comparecieron ayer ante la jueza Duarte Cedillo forman parte de un grupo de 16 soldados que la noche del 26 de septiembre de 2014 llevaron a cabo recorridos de vigilancia en el municipio de Iguala, luego de que los miembros de Guerreros Unidos, en coordinación con policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, privaron de la libertad a los 43 estudiantes.

Los uniformados se encuentran detenidos en la prisión militar que se localiza en el campo militar número 1, participaron en la audiencia a través de videoconferencia, mientras la sede de la jueza del caso se encuentra en Almoloya de Juárez, estado de México.

Durante la diligencia, la defensa de los acusados expuso que las constancias que se leyeron no mencionan los nombres de sus clientes, ni existen declaraciones que los refieran por sus nombres o apellidos, ni tampoco cómo pudieron haber participado en la desaparición de los estudiantes, ya que sólo tuvieron contacto con los normalistas que recibieron atención médica en la Clínica Cristina y que no se encuentran desaparecidos.

La jueza señaló que así lo planteó el Ministerio Público y tendrán que desacreditar esos señalamientos, indicaron las fuentes consultadas. El próximo lunes se definirá si los sujetan a proceso penal.