onsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron su satisfacción por la plática sostenida ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Además de valorarla como productiva y desarrollada en términos respetuosos, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, informó acerca de un acuerdo para establecer mesas temáticas en aras de mejorar la colaboración. También trascendió el logro de un principio de entendimiento en la asignación presupuestal, uno de los ámbitos que más fricciones generaron en años recientes.
Cabe esperar que el encuentro marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones institucionales entre el Ejecutivo federal y el organismo autónomo encargado de llevar adelante los procesos electorales. Aunque los alcances de este cambio de rumbo sólo podrán apreciarse con el paso del tiempo, el hecho de que se haya realizado esta reunión de alto nivel es en sí mismo reconfortante para la sociedad mexicana, para la vida democrática y para la estabilidad institucional.
Resulta doblemente auspicioso que los participantes refrendasen su disposición a colaborar, impulsar acuerdos y mantener abierto el diálogo en aras del bien común. Asimismo, parece positivo que el cónclave haya tenido lugar con suficiente antelación respecto a los comicios del año entrante, pues este manejo oportuno de los tiempos da un importante margen para establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas instituciones.
Cierto es que el clima de franqueza cordial entre el jefe de Estado y la autoridad electoral no significa que se eliminen las naturales diferencias en torno a la concepción de la democracia y su funcionamiento, sino que se rehabilitan las vías pertinentes para procesarlas. Mientras existan canales de diálogo, las discrepancias entre actores públicos no tienen por qué obstaculizar ni volver ríspida la vida del país.
Por otra parte, el éxito de la reunión contrasta con el espíritu pendenciero que los ex consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, junto con el ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina y otros funcionarios del INE, impusieron a la institución a la que embarcaron en una ruta de sabotaje de la relación normal con la Presidencia de la República. La rapidez con que se han restablecido los puentes entre Palacio Nacional y el Consejo General tras la salida de dichos personajes confirma que fueron ellos quienes impidieron un vínculo saludable al convertir al INE en una trinchera para las causas de corrientes opositoras y alinearlo en contra del partido gobernante en general, y de la figura del presidente, en particular.
Conforme se acercaba el término de sus mandatos, los ex directivos mencionados disimularon menos la parcialidad con que desempeñaban sus labores y el uso que hacían de sus cargos para dar una batalla política ilegal e ilegítima a favor de los grupos de poder con los que simpatizan. Cabe congratularse, finalmente, por el cierre de ese periodo de confrontación estéril y la apertura de una nueva etapa en la que quienes organizan y supervisan las elecciones vuelven a ser árbitros y no jugadores tramposos.
