Los proyectos generales de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial entregados al Congreso local para su discusión y aprobación ya pasaron por una consulta en la que se hicieron más de 30 mil observaciones, afirmó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Ante las críticas de algunos sectores, precisó que los ciudadanos pueden estar tranquilos de que no se ponen en riesgo los usos de suelo ya existentes en la capital, es decir, no se podrán modificar; además, se garantizan los derechos humanos ante el desarrollo urbano, por lo que no se permitirán construcciones en zonas de alto riesgo sísmico o donde no se garantice el abasto de agua.

Al señalar que todos los comentarios y sugerencias de ciudadanos y académicos fueron revisados, dijo que todavía en las últimas semanas hubo reuniones con diversos grupos para hacer precisiones.

Es muy importante para los habitantes decir que no hay nada que ponga en riesgo los usos de suelo, ni el de conservación; no hay usos mixtos, que en un principio quedaba la duda. En realidad se conservan los usos de suelo de la ciudad.

Agregó que como parte de la aprobación de esos documentos, el Congreso tiene oportunidad de abrir comunicación con las organizaciones y la gente para conocer su opinión, por lo que insistió en que no hay de qué preocuparse.

Se escucharon sugerencias

El secretario de Gobierno, Martí Batres, afirmó a su vez que organizaciones y asociaciones vecinales que impugnaron los proyectos anteriores ahora están de acuerdo con los nuevos, como el Movimiento Urbano Popular y el Observatorio de Seguridad Ciudadana, ya que se dio una interrelación muy importante con pueblos y barrios al recoger su principal preocupación de no dividir el suelo de conservación y rural.

En estos documentos se refleja el cumplimiento de los compromisos que tuvo el gobierno tras las protestas de diferentes grupos, e incluso algunos académicos que criticaron los primeros proyectos acompañaron en la redacción de los que el jueves se entregaron al Congreso y se hizo una consulta adicional con actores importantes en esos temas.

En entrevista, Batres señaló que el gobierno acompañará la dictaminación que se dará en el Poder Legislativo local, que tiene seis meses para aprobarlos; mientras, se podrán canalizar otras opiniones que se consideren relevantes.