n requisito clave para abrir el cauce de la democracia mexicana, según Gabriel Zaid, consistía en que el poder público, en particular el Poder Ejecutivo, realizara una gran omisión: abstenerse de intervenir en las elecciones. Ese camino se inició con la reforma política de 1996 y con la abstención de Ernesto Zedillo de intervenir para organizar y facilitar desde la Presidencia los fraudes electorales, como hasta entonces habían hecho todos los presidentes priístas. Con estos cambios, el PRI perdió en 1997 la mayoría en la Cámara de Diputados, el control del Congreso y el del Distrito Federal, que era la joya de la corona del sistema político. En las elecciones de 2000, la única intervención significativa que tuvo el presidente fue para reconocer el triunfo de Vicente Fox.

En el actual sexenio, el gobierno federal no sólo se ha abstenido de intervenir en los procesos electorales, sino que ha hecho presión eficaz para que ni los poderes estatales ni otros factores reales de poder intervengan. Por ejemplo, se han instalado mesas que funcionan las 24 horas del día para monitorear la seguridad de los candidatos que compiten por un cargo de elección popular. También se ha desarrollado un método de coordinación entre las instituciones relacionadas con los comicios. El Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Electoral participan en mesas de trabajo semanales y monitorean todo incidente que se llegue a dar con motivo de las votaciones. La voluntad política ha cambiado y desde la Presidencia de la República se ha convocado a los gobernadores para que desde sus competencias vigilen el cumplimiento de la ley y se permita a los candidatos competir en condiciones de igualdad y equidad. Por lo que toca a los procesos que se desarrollan en el estado de México y Coahuila, un indicador que hasta el momento puede mostrar la no intervención del gobierno federal es la escasez de denuncias por posibles delitos electorales federales. Habrá que esperar hasta el final de este proceso para poder sacar conclusiones. De continuar este camino, a veces tortuoso y contradictorio, podremos con la nueva elección presidencial de 2024 festejar que México ha entrado en el territorio de la democracia electoral, aunque está pendiente todavía lo relativo al completo desarrollo de una democracia social. Será necesario al final de este sexenio observar las estadísticas de pobreza y riqueza para calificar los avances, retrocesos y estancamientos de este tema.