Por mayoría de cinco votos contra dos, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló las modificaciones estatutarias del PRI con base en las cuales se da luz verde para que el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno (Alito), prorrogue su gestión hasta octubre del año próximo.

Se declara la procedencia constitucional y legal de las porciones reformadas que fueron materia de estudio en los términos de la ejecutoria, indica en el resolutivo aprobado anoche. El proyecto, elaborado por el magistrado José Luis Vargas, hizo énfasis en la autodeterminación de los partidos políticos.

En los hechos se respalda a Moreno para que, además, negocie las alianzas con otras fuerzas políticas de cara a la contienda de 2024.

En favor de esta perspectiva se pronunciaron los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Felipe de la Mata.

En contra votaron Janine Otálora y el magistrado presidente Reyes Rodríguez, cuyas exposiciones resultaron infructuosas.

Ambos señalaron marcadamente que el PRI no justificó que la reforma a sus estatutos se realizó en una sesión de Consejo Político Nacional (CPN), y no en asamblea nacional.

También destacaron que la justificación del cambio no fue precisada en la convocatoria de la reunión, sino hasta que fue requerida por el INE, semanas después; el partido argumentó que el cambio lo hizo para estar acorde con la reforma electoral o plan B, la cual, para la fecha de la sesión del CPN (19 de diciembre de 2022), todavía no estaba aprobada.

En febrero, el INE declaró la invalidez del procedimiento del tricolor y con ello la imposibilidad de pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad de los cambios porque, a su juicio, el partido no cumplió con el procedimiento marcado en sus propios estatutos.

El tema ha dividido a consejeros y magistrados electorales. Fuentes, por ejemplo, aseguró que la prórroga al dirigente es razonable, porque no va más allá de la conclusión del proceso electoral de 2024.

Infante, a su vez, destacó que sí hay una causa justificada para la reforma estatutaria, en especial para establecer la prórroga a la dirigencia y que ésta pueda firmar alianzas con otros partidos.

Vargas argumentó que 87 por ciento de los integrantes del CPN avalaron las reformas, por lo que advirtió que las autoridades electorales deben incidir lo menos posible en la vida interna de los partidos, y percatarse cuando hay conflictos internos, los cuales deben ser resueltos por la vía política, no la jurídica.

La mayoría avaló revocar el fallo del INE y, en cambio, declara procedentes las reformas relacionadas con el periodo (90 días hábiles) que tiene el CPN para ejercer su facultad de prorrogar el cargo de las dirigencias nacionales.