a Cámara de Diputados aprobó ayer la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyas funciones serán absorbidas por IMSS-Bienestar. El grupo parlamentario de Morena impulsó la iniciativa bajo el argumento de que sólo el segundo organismo garantiza la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, especialmente para la población sin seguridad social. Todos los recursos económicos, infraestructura y personal del Insabi serán transferidos a IMSS-Bienestar, y durante la transición se establecerán convenios a fin de mantener la continuidad del servicio.
La reforma fue presentada de manera sorpresiva, pero es la culminación de un proce-so que comenzó hace más de un año. Desde entonces se anticipaba que la transformación del sistema sanitario para población sin seguridad social tomaría como base al IMSS-Bienestar, el cual opera desde hace 44 años y cuenta con un esquema de prevención y atención de enfermedades bien definido para las zonas rurales. En esta restructuración también quedó por definirse si el Insabi seguiría administrando los recursos económicos destinados al rubro. De este modo, lo avalado ayer concreta y despeja dudas sobre el futuro del plan para universalizar los servicios de salud.
Como se reconoció incluso desde Morena, la creación del Insabi fue un error. La institución no cumplió con los objetivos para los que fue concebida y, por el contrario, implicó una distracción de tiempo y recursos que pudieron haberse aplicado con mayor eficacia.
Debe recordarse que este organismo surgió para sustituir al Seguro Popular fundado durante el gobierno de Vicente Fox y continuado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que resultó incapaz de cumplir con el objetivo principal para el que fue creado: proporcionar atención médica de calidad a los millones de no asegurados que hay en el país.
En su concepción, el Insabi tenía objetivos ambiciosos, guiados por un innegable espíritu humanitario, como lo demuestra el que sus beneficios abarcaran no sólo a todos los mexicanos, sino también a los extranjeros en territorio nacional, sin importar su estatus migratorio. Lamentablemente, el objetivo de garantizar el derecho universal a la atención médica y entrega de fármacos se quedó trunco tanto por fallas en el diseño institucional como por circunstancias adversas fuera del control de las autoridades. No puede olvidar-se que entró en operación el 1º de enero de 2020, semanas antes de que se declarase la emergencia sanitaria por covid-19, por lo que los recursos del sector salud se volcaron a la lucha contra la pandemia, con el titánico esfuerzo que supuso la reconversión hospitalaria. Con todo, es preciso reconocer logros como la conclusión y entrega de 142 establecimientos de salud que fueron abandonados por gobiernos anteriores, lo que permitió añadir al sistema sanitario 3 mil 278 camas distribuidas en 23 estados de la República.
Tras el cambio de orientación votado ayer, debe reconocerse la voluntad de rectificar y registrar el aprendizaje de que resulta sumamente difícil construir en el corto plazo un proyecto con la fuerza institucional y las capacidades del IMSS. Ahora toca acelerar el paso para hacer efectivo el derecho a una atención médica de calidad y una provisión de fármacos para toda la población de manera gratuita. Cabe esperar que el IMSS-Bienestar recoja el testigo y que se le den los recursos necesarios a fin de cumplir con esta meta tan compleja como irrenunciable.
