La industria del agave en Jalisco para la producción de tequila es intensiva en el uso de recursos naturales, arrastra deforestación y desertificación en zonas ya de por sí semiáridas, ocasiona agotamiento de acuíferos y hace descargas de contaminantes en el río Zula, señala una petición ciudadana de investigación ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), instancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Un ciudadano mexicano presentó la solicitud y argumentó que México incurre en omisiones en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales para proteger la calidad del agua ante los efectos del cultivo de agave en esa entidad.

Señaló que dicho cultivo se ha extendido ante la creciente demanda de la industria, lo que ha ocasionado deslaves e inundaciones, además de que es una especie invasiva y no es originaria de la región; se ha extendido a cerros y planicies, lo cual también ha provocado la caída del precio de esta materia prima, ya que el kilo de agave era hasta de 36 pesos y ahora es de 16 pesos.

Explicó que por litro de tequila que se produce, se generan entre 13 y 16 litros de agua contaminada altamente tóxica, ya que contienen componentes como metanol, alcoholes superiores, esteres cetonas, aldehídos, fenoles y furfural. También quedan 5 kilogramos de residuos sólidos, que en su fermentación emite grandes cantidades de bióxido de carbono.

También expuso que no se realiza un manejo adecuado de las aguas residuales generadas en el proceso de fabricación del tequila, conocidas como vinazas, mismas que se infiltran en el subsuelo y se descargan –de forma no autorizada– en el río Zula, produciéndose como consecuencia un importante deterioro de la calidad del agua.

El solicitante manifestó su preocupación por la falta de aplicación de las disposiciones legales correspondientes por parte de México, así como porque ninguna fábrica de tequila cuenta con sistemas eficaces para el tratamiento adecuado de las vinazas.

En el documento enviado al organismo trinacional ejemplificó que la planta tratadora de la región de los Altos hace ya muchos meses ocasionó un grave deterioro ecológico en la zona de Ayotlán, tiradero de vinazas que infiltraba y enviaba sin tratamiento, lo cual dejó un ecocidio en la presa San Onofre del municipio. Esta instalación contaba con autorizaciones o permisos de la dependencias estatales y federales del ramo, agregó.

El secretariado de la CCA revisará la petición en un plazo de 30 días y determinará si cumple con los requisitos para la elaboración de un expediente de hechos.