an transcurrido ocho años desde que poderes fácticos y formales confabulados perpetraron en Iguala la peor atrocidad de cuantas se cometieron en el sexenio pasado: el asesinato y la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y lo que le siguió: la invención de una fábula macabra (la llamada verdad histórica) para encubrir responsabilidades superiores, la tortura de detenidos para que se declararan culpables, lo fueran o no, la fabricación y siembra de pruebas y las campañas mediáticas para criminalizar a las víctimas. En esas tareas participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto civiles como militares, y por ello la barbarie de Iguala ha sido calificada de crimen de Estado.

La espesa y extendida maraña de complicidades y encubrimientos, los procedimientos judiciales torcidos y la destrucción de evidencias han hecho que la reconstrucción de lo realmente ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014 en esa ciudad de Guerrero resulte una tarea ardua y lenta, en la cual han sido determinantes el tesón de las madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos y las aportaciones de los expertos argentinos en arqueología forense, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –expulsado del país por Enrique Peña Nieto y readmitido por el actual gobierno– y otros especialistas e instituciones nacionales e internacionales.

El impulso decisivo para la búsqueda de la verdad fue la instauración de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del Caso Ayotzinapa, en los primeros días de la presidencia que encabeza Andrés Manuel López Obrador. A esa instancia oficial le tomó casi cuatro años elaborar el informe que presentó el mes pasado y que derivó en acciones penales en contra de más de una decena de personas, entre ellas un general brigadier y el ex procurador general Jesús Murillo Karam. El documento asume que el esclarecimiento aún no ha concluido y que todavía es preciso conocer aspectos de lo ocurrido en Iguala.

Desde el día de su presentación, el informe de la Covaj fue blanco de una campaña de desprestigio con el absurdo argumento de que no aportaba nada nuevo. De entonces a la fecha, numerosos protagonistas mediáticos han buscado desacreditar la investigación y se han producido bloqueos y sabotajes inexplicables a la procuración y a la impartición de justicia. Esta ignominiosa ofensiva ha tenido como uno uno de sus destinatarios centrales al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

En una acto que en nada beneficia a la verdad y a la justicia, el juez primero de distrito de procesos federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, exoneró al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su ex secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez, y 18 ex policías que habían sido imputados por secuestro agravado. Ese mismo togado había absuelto antes a unos 70 acusados por su presunta participación en los hechos referidos. Da la impresión de que el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa está siendo entorpecido desde la propia Fiscalía General de la República, a la que pertenece.

Adicionalmente a la indudable corrupción en el Poder Judicial, especialmente en los poderes judiciales estatales, algunos de los procesos en marcha se han caído porque heredan todos lo vicios sembrados, con pruebas falsas y testimonios arrancados por la tortura, de la verdad histórica. En el entorno de las madres y los padres de Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha decidido no acompañar la denuncia penal del gobierno en contra de Ventura Ramos.

Más allá del enojo y la rabia de familiares de los desaparecidos y de los estudiantes normalistas, en nada ayudan al esclarecimiento de los hechos los actos de violencia que se han producido en instalaciones militares, como el Campo Militar 1. Menos aún sirve al proceso la irresponsable divulgación de los elementos censurados en el informe de la Covaj por un diario de circulación nacional, acción que podría invalidar o limitar la realización de procesos penales en contra de presuntos responsables de alta jerarquía, y que alerta a algunos de los posibles inculpados.

Todo lo anterior tiene como telón de fondo, no debe olvidarse, el trabajo de reorientación de las fuerzas armadas; el debate sobre la Guardia Nacional; los avances logrados por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia en el esclarecimiento de la guerra sucia librada por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo contra movimientos sociales y organizaciones armadas; las muestras de disposición que las instituciones castrenses han ofrecido para colaborar en la búsqueda de la verdad en este caso y su renuencia a proporcionar toda la información disponible sobre Iguala. Otro elemento de contexto ineludible es la descomposición del gobierno saliente de Tamaulipas y su nada discreto afán de impedir la toma de posesión del gobernador electo de esa entidad, Américo Villarreal.

En suma, hay sólidos indicios de que los intereses por ocultar la verdad sobre lo ocurrido en Iguala hace ocho años permanecen tan activos como siempre.