nte la expectativa de no lograr los suficientes votos a favor de la reforma por la que se amplía la presencia militar en tareas de seguridad hasta 2028, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados en el Senado determinaron posponer el debate y devolver la minuta a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda.
El rechazo de la oposición a extender la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad para permitir la consolidación de la Guardia Nacional se dio al mismo tiempo que un juez dictaba auto de formal prisión al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel, todos ellos señalados por diferentes responsabilidades en la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Asimismo, la discusión en la cámara alta tuvo lugar un día después de que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe mensual de seguridad que hace patentes los frutos de la estrategia actual en el rubro: en el mes pasado, los ilícitos del fuero federal tuvieron una baja de 23.3 por ciento, y en particular el homicidio doloso vio una reducción de 14.6 por ciento, lo que lo convierte en el agosto con la menor cifra de este delito en un lustro. El feminicidio, uno de los crímenes más lacerantes para la sociedad, registró un decremento de 33.6 por ciento respecto a diciembre de 2018, cuando comenzó la actual administración federal. También hubo reducciones en delitos del fuero común como robo, hurto de vehículo y secuestro, este último, con una caída de 73.5 por ciento.
Aunque aparentemente desconectadas, las cifras dadas a conocer durante la conferencia de prensa matutina del miércoles y la vinculación a proceso penal de tres integrantes del Ejército son importantes para entender el contexto en que se dan los debates parlamentarios en torno al papel de los militares en las tareas de seguridad pública.
Es entendible el rechazo a la tutela castrense sobre la nueva corporación policial que se expresa desde movimientos sociales y sindicales y sectores comunitarios que en el pasado reciente sufrieron represión y atropellos por parte de uniformados y que han acumulado graves agravios durante décadas.
En cambio, la oposición mediática y partidista enfoca el actual proceso como si se estuviera llevando a cabo en el periodo en el que sus partidos ejercieron el poder y ordenaron desde él agresiones de toda suerte en contra de la población civil. Pero las transformaciones que han tenido lugar en estos cuatro años son perceptibles para cualquier observador honrado: no sólo hay resultados palpables –insuficientes, sí– en la contención del fenómeno delictivo, sino que las instituciones castrenses han mostrado, por primera vez, disposición a colaborar con la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.
Sería a todas luces deplorable que, por un afán politiquero de oponerse tan sistemática como puerilmente a cualquier iniciativa de la Cuarta Transformación, quienes antaño defendían el uso inconstitucional de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hoy se opongan a normar una medida de innegable necesidad. Esta actitud sería aún más injustificable habida cuenta de que a lo largo de tres sexenios los intentos de articular una corporación policiaca civil federal se saldaron con un estrepitoso fracaso y con un uso irregular del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia.
