Uno de cada dos niños que viven con sobrepeso y obesidad tendrán diabetes a lo largo de su vida si no se toman medidas para asegurar entornos saludables, incluidas las escuelas, advirtieron organizaciones civiles y exhortaron a los diputados a aprobar la reforma a la Ley General de Educación para evitar la venta de productos procesados y bebidas azucaradas dentro y fuera de los planteles.

En conferencia, Liliana Bahena, coordinadora del programa Escuela Saludable de El Poder del Consumidor, comentó que 4 millones de niños en edad escolar tienen sobrepeso y obesidad. Son los que están en riesgo de desarrollar diabetes.

Señaló que en investigaciones se ha encontrado que durante la jornada escolar, los alumnos consumen más de 550 calorías de alimentos procesados, jugos y refrescos. Al final del año eso se traduce en un incremento de cinco kilogramos en su peso corporal.

Es una situación que no debería suceder porque desde 2010 existen lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica. El problema, dijo, es que contienen vacíos y, en general, no se cumplen.

Un estudio realizado por El Poder del Consumidor en escuelas de la Ciudad de México identificó que 73 por ciento venden comida rápida, pizzas en particular; 75 botanas dulces, 67 saladas y 40 por ciento refrescos. Y la venta es mayor en los negocios afuera de los planteles.

En cambio, 76 por ciento carece de dispensadores o bebederos de agua funcionales. En las escuelas que cuentan con bebederos, se encontró que la mayoría no funciona o están sucios.

Doré Castillo, coordinadora de la Coalición ContraPESO, comentó que en marzo pasado, el diputado Armando Contreras (Morena) presentó la iniciativa de reforma, la cual ya cuenta con la opinión positiva de la Comisión de Salud y debe ser aprobada por la Comisión de Educación para luego pasar al pleno de la Cámara de Diputados.

Resaltó que organismos como Unicef, FAO, OPS, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Educación Pública han dado su respaldo a la iniciativa, por lo que se espera que los legisladores actúen en consecuencia y aprueben la modificación legal, sin interferencia de la industria.