La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, cuando el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, lo que evitó que salieran de la cárcel con el amparo que obtuvieron la semana pasada.

Por otra parte, el viernes vence el plazo para que se resuelva la situación jurídica del general José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014, cuando se perpetraron los hechos referidos.

El juez segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, Enrique Beltrán Santes, libró los nuevos mandatos de captura contra Abarca y su esposa; Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, y otras cuatro personas por el delito de delincuencia organizada, debido a su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Estas órdenes fueron cumplidas el pasado 16 de septiembre, lo cual evitó que el ex edil y su cónyuge salieran en libertaFfueron autorizadas por el juez con base en la causa penal 15/2022, derivada de los testimonios de una veintena de testigos protegidos y de la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Abarca y Pineda habían obtenido una resolución del juez tercero de distrito de procesos penales federales, con sede en Tamaulipas, que determinó que no existían elementos suficientes para procesarlos, decisión que impugnó la FGR.

En tanto, Rodríguez Pérez está preso en el Campo Militar número 1, en espera de la audiencia que debe realizar en el Centro de Justicia Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México. El caso se desarrollará conforme a las reglas del anterior sistema de justicia, por lo que ahí se definirá si se le dicta auto de formal prisión o de libertad.

De acuerdo con la defensa, se le acusa de delincuencia organizada, no de haber participado en el homicidio de los estudiantes, como señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al dar a conocer en agosto pasado el informe de avances de la investigación del caso Ayotzinapa.

Según la información difundida por sus abogados, el único testimonio que existe en la averiguación previa iniciada contra el ahora general fue aportado por Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes regionales del cártel Guerreros Unidos, grupo que privó de la libertad y habría ejecutado a los 43 normalistas.