a CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe) recién ha publicado el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada en cuyos cuatro primeros capítulos analiza los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19 en la región, las respuestas de los gobiernos, y la disfuncionalidad de los sistemas de protección social.

Llama en el capítulo V a repensar un futuro con inclusión, igualdad y sostenibilidad, proponiendo políticas y medidas para: La protección del ingreso, la seguridad alimentaria y nutricional, acceso garantizado a la vivienda y los servicios básicos, cuidados ante desastres, la inclusión laboral, y la inversión en infraestructura. En afinidad con nuestros planteamientos, sintetizamos de este capítulo el apartado:

Los pactos sociales y fiscales: clave del gran impulso. El creciente malestar social, la gran conflictividad latente y el elevado nivel de violencia que se observa en múltiples ámbitos de la vida social y privada son un freno para el desarrollo sostenible, y a su vez son indicadores de la inviabilidad del modelo de desarrollo actual, que requiere cambios estructurales y la construcción de una sociedad del cuidado centrada en la igualdad y la sostenibilidad. A este malestar enraizado se suma hoy el fuerte deterioro de las condiciones de vida en la región y el gran endeudamiento de los hogares, agudizando la sensación de vulnerabilidad e indefensión.El carácter amplio y prolongado de esta crisis ha afectado a los estratos más pobres, pero también a los medios, que son muy vulnerables a caer en la pobreza, pues su bienestar depende de los ingresos laborales y cuentan con pocos mecanismos de protección social contributiva y de acumulación de activos o patrimonio.

El pacto social. Ha llegado el momento de acabar con la cultura del privilegio para emprender un nuevo proyecto colectivo y avanzar hacia una cultura de igualdad, un pacto social orientado a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas que permita avanzar hacia políticas sociales centradas en el goce de los derechos, el reconocimiento y el trato digno de las personas.El pacto social es un instrumento político basado en el diálogo amplio y participativo, que sirve a los efectos de decantar consensos y acuerdos para el mediano y el largo plazo; supone que todos los sectores se apropien de esos acuerdos y contribuyan a ellos; y que los actores con mayor poder y privilegios hagan concesiones importantes en lo que atañe a sus intereses inmediatos. A lo largo de la historia, para crear estados de bienestar ha sido necesario construir de forma paulatina un contrato social en que el sector privado (en general un actor poderoso y por ello indispensable) aceptara cumplir ciertas normas laborales y pagar tasas impositivas poco atractivas en lo inmediato, pero provechosas a largo plazo en cuanto a la estabilidad, la gobernabilidad y el aumento sostenido de la productividad. Se debe dar voz e incidencia desde luego a los sectores y grupos de población que han sido discriminados o excluidos, con el fin de ampliar el diálogo y la apropiación de los resultados. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes –que se obtiene con buena nutrición, cuidado, educación temprana y vida libre de violencia– es una garantía de futuro.En el sector productivo y el mundo del trabajo, es necesario avanzar hacia el diálogo entre los actores para promover un desarrollo sostenible fundado en el trabajo decente, el comercio justo, la protección de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y la inclusión laboral.El avance hacia la cohesión, la igualdad de trato, el reconocimiento y los derechos no debe ser un proceso limitado, sino uno permanente en la cultura democrática, la cual debe impregnar los distintos espacios de la sociedad, desde el hogar hasta la relación entre los países y las regiones.Esto último es válido sobre todo en estos momentos, cuando los procesos asociados al cambio climático, el desarrollo tecnológico y las migraciones han alcanzado una dimensión mundial. La pandemia es una prueba de ello y pone a prueba estos fundamentos, pues es claro que, si no salimos todos juntos de ella, ninguna persona, grupo ni país podrá hacerlo. El hecho de que cada vez haya más consenso sobre la existencia de esta interdependencia a nivel nacional, regional y mundial permite tener expectativas positivas. Hay distintos actores que se van sumando a iniciativas que hace pocos años habrían sido inaceptables para ellos, actores que antes no querían siquiera considerar la idea de que la desigualdad fuera un freno para el desarrollo.

El pacto fiscal. Para alcanzar un pacto social también hay que celebrar un nuevo contrato fiscal que, entre otros factores, permita ofrecer servicios públicos de calidad y sostenibilidad financiera a los sistemas de protección social, requisitos interdependientes que se deben cumplir a fin de dar un gran impulso para la igualdad y la sostenibilidad, sin dejar a nadie atrás.El pacto fiscal es el complemento natural del pacto social, y debe promover una fiscalidad progresiva y sostenible que garantice recursos constantes y suficientes para hacer una inversión social que viabilice el bienestar, el goce de derechos y la construcción de resiliencia en la población. Ya no es suficiente proponer una reforma fiscal que beneficie a los pobres de manera focalizada, pues gran parte de la ciudadanía espera que esto ocurra con la participación de todos los estratos y de manera progresiva, con el aporte de los sectores más aventajados, para que haya una redistribución efectiva de los recursos. Se requiere avanzar hacia un nuevo contrato que permita que la política fiscal, entre otras acciones, contribuya a dar sostenibilidad financiera a los sistemas de protección social, a que los servicios públicos tengan una cobertura universal y de calidad, y a enfrentar los efectos de la crisis en el mercado laboral y de la caída de los ingresos públicos. Un pacto fiscal en línea con el desarrollo sostenible debería permitir que se aplicara una política fiscal expansiva encaminada, entre otros factores, a cerrar las brechas estructurales relacionadas con los sistemas de protección social; una política con perspectiva estratégica en que se promuevan acciones de gasto públicodirigidas a crear sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles. En dicha perspectiva también se deberán incentivar las inversiones intensivas en empleo que sean ambientalmente sostenibles y estén dirigidas a sectores estratégicos, como los servicios públicos. El nuevo contrato fiscal también supondrá reforzar los ingresos tributarios para financiar el gasto social con sostenibilidad. Eso exige que haya una política tributaria progresiva que ermita recaudar a partir del ingreso de quienes concentran la mayor riqueza, lo que permitirá reducir las desigualdades en materia de ingreso.

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