akistán avanza en desmantelar el infame, neoliberal y supranacional sistema de “Arreglo de Disputas Inversionista-Estado’ (mejor conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). Ecuador Retrocede. Estados Unidos recibe la mayor demanda de su historia. México, ¿qué hará?

Pakistán, asediado por el fallo de un tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por más de 4 mil millones de dólares en favor de la empresa minera australiana Tethyan Copper, ha decidido seguir el camino de muchos países dependientes que se encuentran reformando sus regímenes y tratados de protección a las inversiones trasnacionales y de solución de controversias supranacionales, incluyendo a Argentina, India, Indonesia y Sudáfrica. En Islamabad el primer ministro Imran Khan ha aprobado un nuevo formato para sus tratados bilaterales de inversión (TBI) mediante el cual cualquier disputa ahora se solucionará por medio del arbitraje local. El gobierno afirma que los TBI desde ahora se negociarían con el fin de minimizar el riesgo de arbitraje internacional y brindar el espacio necesario para que el gobierno pueda hacer cumplir las políticas económicas de interés público. Este paso es muy significativo. Como expliqué, ( La Jornada, 1/4/21) este país asiático fue el primero en firmar un TBI con Alemania, en 1959.

En cambio, en Ecuador, el nuevo gobierno neoliberal de Guillermo Lasso da marcha atrás y plantea la reintegración de su país a la convención del Ciadi (pretendiendo falsamente que no tenga que ser ratificado en la Asamblea Nacional) de la cual Ecuador se había retirado hace más de una década bajo el gobierno de Rafael Correa.

Alberto Arroyo Picard, profesor jubilado de la UAM-Iztapalapa, que formó parte de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa.org) instalada por Correa, explica que una conclusión a la que llegó esta auditoría fue que los TBI no fueron significativos en atraer inversión extranjera a Ecuador y la que trajeron no tuvo mayor efecto en crear más y mejores empleos ni crecimiento acelerado del país, como se prometía. Arroyo explica que a pesar de ciertas incoherencias del presidente Correa en este tema, por ejemplo la adhesión de Ecuador al TLC de Colombia y Perú con la Unión Europea en 2016 para lo cual parece haber congelado la publicación del informe final de Caitisa hasta el final de su mandato finalmente se cancelaron 16 TBI. Lasso privilegia el modelo neoliberal e intensifica la negociación de un TLC con Estados Unidos para atraer más inversiones al sector petrolero, a pesar de que empresas estadunidenses como Occidental Petroleum, Chevron y Burlington han ganado demandas contra Ecuador, por más de 2 mil millones de dólares, pisoteando los derechos ambientales de pueblos indígenas.

En cambio hoy hay esperanza de que Pedro Castillo, presidente electo de Perú, cumpla la promesa que hizo en su campaña de retirar a su país del organismo del Banco Mundial y de derogar los TBI, dado el aumento desmedido de demandas que Perú sufre en los últimos años, en particular por parte de empresas mineras.

Es imposible medir el impacto total de las demandas inversionista-Estado dado que muchas de estas se difieren y solucionan a puertas cerradas. Pero el Ciadi del Banco Mundial arroja algunos datos. Las demandas que corporaciones lanzan, sin tener nada que perder, son cada vez mayores, pues utilizan la cláusula expropiación indirecta reclamando compensaciones por las ganancias que argumentan no haber obtenido por habérseles negado un permiso o por una política pública que les afecte. América Latina es la región cuyos países son los más demandados del mundo, seguido de los de Europa del Este y Asia Central.

Pero también los países más ricos son el blanco de estas demandas. El 2 de julio la operadora de oleoductos TC Energy, basada en Calgary, Canadá, anunció que demandará por segunda vez a Estados Unidos por más de 15 mil millones de dólares después de que Joe Biden revocó por segunda vez el permiso presidencial para el proyecto Keystone XL, por considerarlo incompatible con los esfuerzos de enfrentar el cambio climático y en respuesta a demandas de comunidades indígenas. (La primera revocación y consecuente demanda fue bajo el gobierno de Obama. Después Trump otorgó el permiso y se retiró la demanda.)

Esta demanda se da bajo la cláusula de legado que permite que en el T-MEC se presenten demandas bajo el capítulo 11 del TLCAN por tres años más.

Como candidato, Biden se pronunció contra las demandas inversionista-Estado, prometiendo no incluirlas en nuevos tratados; ahora como presidente debe tomar medidas para remover estas cláusulas enmendando tratados existentes. En México, varias medidas tomadas por el gobierno de AMLO serían susceptibles de demandas internacionales. Ya existen demandas pendientes por más de 4 mil millones de dólares, al menos, en particular por empresas mineras (ver La 4T y los derechos de los inversionistas, La Jornada, 1/4/21). México, EU y Canadá deben cooperar para terminar el sistema de demandas inversionista-Estado.

Aunque gobiernos neoliberales anteriores han cedido nuestra soberanía jurídica bajo el TLCAN, T-MEC y el Acuerdo Trans-Pacífico (TPP), un paso importante para la 4T y su propósito de terminar con el neoliberalismo y defender los recursos energéticos sería remover del TLC con la Unión Europea, actualmente en renegociación, todo mecanismo de arbitraje supranacional.

*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS