n una situación inédita desde que se proclamó independiente en 1991, la república ex soviética de Moldavia –que ostenta el tristemente célebre récord de ser el país más pobre de Europa– tendrá presidenta, gobierno y mayoría en el parlamento unicameral sin contrapesos de ningún tipo.

Las recientes legislativas así lo determinaron. El partido liberal Acción y Solidaridad de la presidenta Maia Sandu tendrá 63 de los 101 diputados del Congreso y podrá nombrar primer ministro y gabinete sin tener que negociar con otras fuerzas políticas ni, como pasaba casi siempre, verse obligado a repartir las cuotas de poder entre europeístas y pro rusos, al margen de quién ocupase la presidencia o la jefatura del gobierno nombrado por el parlamento, lo cual bloqueaba cualquier iniciativa de ley de unos y otros, mientras los clanes mafiosos –simbiosis de empresarios y funcionarios corruptos– saqueaban el país.

La coalición de socialistas y comunistas, que promueve mayor acercamiento con Rusia, será minoría con 32 escaños, y apenas seis ocupará el partido conservador Shor. Los llamados unionistas, que buscan la reunificación con Rumania, carecerán de representación parlamentaria al no sacar ni 2 por ciento del voto.

Las regiones separatistas de Transdniester y Gagauzia, que forman parte de Moldavia pero no reconocen el gobierno de Chisinau, votaron más por la coalición de socialistas y comunistas, sin poder influir en esta ocasión en equilibrar los resultados.

Sandu, quien se jugó su permanencia en el cargo al forzar el adelanto electoral para poner fin a la paralizante convivencia de proyectos de país antagónicos, obtuvo una victoria abrumadora para sacar adelante su propuesta de integración con la Unión Europea. Su meta es lograr el respaldo de 70 por ciento de la población y la más reciente encuesta sobre un hipotético referendo arrojó 57 por ciento en favor de solicitar el ingreso a la UE frente a 28 por ciento que prefiere la integración económica con Rusia.

Por lo pronto, la mayoría oficialista permitirá a Sandu gobernar cuatro años sin sobresaltos y, al mismo tiempo, es insuficiente para modificar la Constitución, eventualidad que sólo podrá llevar a la realidad sumando al menos los votos de cinco diputados de oposición, los que le faltan para alcanzar los dos tercios requeridos.