e acuerdo con lo dicho ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en los pasados meses se ha presentado en México un nuevo fenómeno migratorio con el crecimiento exponencial de solicitudes de asilo de migrantes de 90 nacionalidades, algo que nunca antes se había registrado en el país.

Por su parte, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, destacó que los solicitantes de asilo provienen principalmente de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Chile, Brasil y Colombia; sin embargo, enfatizó que hay migrantes de 90 nacionalidades que llegan al país desde Afganistán, Alemania, Bangladesh, República Popular de China, Costa de Marfil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Palestina, Reino Unido, Suiza, Turquía, Vietnam y Zimbabue.

Estos flujos de solicitantes de asilo resultan preocupantes y lamentables en la medida en que son, en su mayor parte, consecuencia de situaciones de pobreza, violencia o inestabilidad en naciones hermanas de Centro y Sudamérica y el Caribe y que, en casos de los procedentes de países desarrollados como Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, permiten constatar un deterioro de la vigencia de los derechos humanos en estados que se precian de respetarlos y promoverlos. Por otra parte, los migrantes originarios de Afganistán, Bangladesh, China, Costa de Marfil, Palestina, Turquía, Vietnam y Zimbabue buscan escapar de persecuciones políticas, étnicas o religiosas, o bien de conflictos armados y situaciones de extrema pobreza, posiblemente generadas o acentuadas por la pandemia de Covid-19 que se cierne en casi todo el planeta.

En todos los casos, la llegada a nuestro país de ciudadanos de regiones tan distantes es expresión de la creciente mundialización de los movimientos migratorios, inducida por la propia globalización económica.

Ciertamente, el gran incremento de solicitudes de asilo representa un desafío mayúsculo para las instituciones del Estado, las cuales tienen ante sí la tarea de reforzar los procedimientos administrativos para tramitar las peticiones correspondientes, pero también de brindar a un gran número de extranjeros servicios básicos de salud y cobertura temporal en sus necesidades de vivienda y alimentación en tanto logran colocarse en el mercado laboral nacional, de suyo castigado por las restricciones sanitarias adoptadas para contener los contagios del SARS-CoV2. Se trata de responsabilidades ineludibles dictadas por consideraciones humanitarias elementales, el respeto a los derechos fundamentales y la tradición mexicana de hospitalidad para perseguidos y necesitados.

Más allá de estas consideraciones, resulta satisfactorio y alentador cobrar conciencia, así sea por medio de esta circunstancia dolorosa para miles de personas, que a pesar de la carga de violencia delictiva y desigualdad social heredada del periodo neoliberal, y aún en una coyuntura económica adversa, México es percibido en todos los continentes como tierra de asilo y de libertad. De otra manera, no podría explicarse que tantos ciudadanos de países tan diversos y distantes acudieran al nuestro en busca de seguridad y de nuevos horizontes para rehacer su vida.