e qué sirve cambiar las leyes, democratizarlas, adecuarlas a una realidad más inclusiva, si al final de cuentas sólo se trata de una simulación de que todo cambie para que todo siga igual, porque en los hechos nadie está interesado en que tales transformaciones se lleven a la práctica. ¿Gatopardismo en las secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía?

El pasado 6 de julio esas tres dependencias del Ejecutivo anunciaron la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, tras un año y medio de huelga, para lo cual el sindicato nacional de mineros y la trasnacional canadiense Americas Gold and Silver firmaron un convenio que incluyó la inspección, in situ, en materia de seguridad e higiene, el retiro de las demandas de ambas partes y el pago de salarios caídos durante el tiempo que duró el conflicto.

Todos contentos, aparentemente, pero apenas dos días después de la firma, la primera en sabotear la citada inspección fue la trasnacional canadiense, amén de que uno de sus directivos acusó a los mineros de ladrones y los amenazó con traer a la Guardia Nacional, ante la complacencia de los ocho inspectores de la Secretaría del Trabajo y uno de Gobernación (parece que Economía no tuvo tiempo de enviar a los suyos).

El pasado jueves el consorcio canadiense se negó a bajar a la mina para inspeccionarla junto con los trabajadores y los supuestos representantes de la presunta autoridad laboral, aduciendo que no tenía equipo de seguridad (¡una mina sin dispositivos para ello!), ni siquiera lo más elemental. Eso sí, prevaleció la actitud bravucona y prepotente de los directivos de la trasnacional, la cual, en su país de origen, les hubiera costado cuando menos una noche de cárcel y varios millones de dólares de multas.

Pero como en México los acostumbraron a que la ley está a su servicio, entonces los consorcios mineros, nacionales y foráneos, hacen lo que les viene en gana frente a una autoridad laboral que presume ser diferente a la de gobiernos anteriores, pero que en la práctica va de la mano de sexenios pasados. Y la inspección de seguridad e higiene no se realizó, porque así lo impuso Americas Gold and Silver. ¿Dónde quedaron las transformadoras de Trabajo, Economía y Gobernación?

Así, la trasnacional canadiense saboteó el acuerdo firmado con el sindicato minero para reabrir la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, y sin más la autoridad que estaba presente no dijo ni hizo nada para evitarlo, de tal suerte que el convenio anunciado el pasado martes con bombo y platillo por las secretarías de Gobernación, Economía y Trabajo fue violado por la empresa que lo firmó, apenas 24 horas después.

De acuerdo con la información disponible, ayer la empresa tampoco permitió bajar a la mina para inspeccionar la seguridad interior, pero se mostró más condescendiente, porque accedió a una revisión de las instalaciones de superficie, como la beneficiadora, la trituradora, los jales y algo más, en donde los trabajadores detectaron muchas deficiencias. Pero el acuerdo firmado sigue sin respetarse.

La trasnacional canadiense, como muchos consorcios mineros nacionales, acostumbra a utilizar sindicatos blancos, como los controlados por el hampón Javier Villarreal en Sonora y Sinaloa (no aguanta una mínima investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, dicen los mineros), para hacer lo que se le pegue la gana y evadir la ley laboral.

No hay que olvidar que uno de los barones mexicanos de la minería, Alberto Baillères, tiene intereses en la mina San Rafael y este personaje adora a los sindicatos blancos, como el de Carlos La Marrana Pavón, de tal suerte que hará hasta lo impensable para deshacer el recuento legal que favoreció al sindicato nacional de mineros por la titularidad del contrato colectivo en esa mina.

En fin, el tan cacareado convenio es de mentiritas, porque al más puro estilo prianista los supuestos inspectores del gobierno se pusieron a las órdenes del consorcio canadiense para simular que todo está bien en la mina San Rafael, como en su momento lo hicieron en Pasta de Conchos.

Las rebanadas del pastel

¡Y ahora con ustedes! … Ildefonso Guajardo, secretario peñanietista de Economía, a quien, con autorización de un juez federal, la Fiscalía General de la República ha vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. ¡Y los que faltan!

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