as bajas temperaturas que predominan en el sur de Estados Unidos provocaron el cierre de las refinerías de Texas y la congelación de gasoductos, lo que a su vez llevó a la escasez y al incremento descontrolado (hasta de 5 mil por ciento) en los precios del gas natural. Tal situación se tradujo en extendidos apagones en diversas entidades estadunidenses y en varias regiones del norte de México, toda vez que las centrales de ciclo combinado –que generan electricidad con turbinas alimentadas por gas natural– se quedaron sin combustible. La falta de energía eléctrica causó, por otra parte, deficiencias en los servicios bancarios en esa zona del país y posiblemente incidió en las fallas del servicio de Internet que brindan las principales compañías de ese ramo.

La emergencia referida es una clara consecuencia del modelo de generación eléctrica impuesto en el país por los gobiernos neoliberales, desde el de Carlos Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto, consistente en privilegiar la generación eléctrica con plantas de ciclo combinado dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abandonar las centrales hidroeléctricas y auspiciar la producción y venta de electricidad –por compañías privadas con o sin energías limpias– en condiciones inequívocamente desventajosas para la empresa productiva del Estado.

Durante más de tres décadas, el discurso oficial insistió en que la adopción de ese modelo obedecía a razones de eficiencia, modernidad y libre competencia, cuando en realidad el propósito central de implantarlo era abrir oportunidades de negocio –a expensas de la CFE, es decir, de las finanzas públicas– a los constructores y operadores de plantas de gas y a los consorcios fabricantes, concesionarios o propietarios de los gasoductos.

Ese modelo no sólo provocó un gravísimo quebranto al erario, toda vez que significó un subsidio monumental a los generadores particulares, sino que colocó al país en una situación de dependencia energética tan peligrosa como ha quedado de manifiesto con la crisis actual.

El hecho de que hoy día una parte sustancial de la electricidad que consume el país sea generada con gas natural procedente de Texas coloca a México en una situación peligrosa que debe ser revertida.

Más aún, a la luz del cierre de las refinerías texanas, con el riesgo de que esa circunstancia se traduzca en escasez de combustibles en el territorio nacional o en parte de él, es posible ponderar el disparate antinacional que fue el permitir y hasta impulsar el deterioro de la planta productiva de Pemex y el saqueo perpetrado a esa otra empresa productiva del Estado.

Pero lejos de cobrar conciencia del daño que se hizo al país al imponer la privatización progresiva del sector energético y al propiciar el desmantelamiento de Pemex y de la CFE –un propósito que, por fortuna, no llegó a culminarse–, hay voces que pretenden conjurar la situación actual con una privatización radical y total de la generación de electricidad. Así lo expresó ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, al proponer que la empresa eléctrica del Estado deje de generar energía y se limite a transmitirla, distribuirla y a suministrar servicios.

A lo que puede verse, el dirigente empresarial sigue aferrado a la falacia de que los consorcios particulares pueden generar electricidad más barata que la CFE, ignorando que en el modelo actual, y con los términos de los contratos leoninos y depredadores entre los primeros y la segunda, ésta tiene que realizar ingentes inversiones para instalar sistemas generadores redundantes a fin de respaldar todo el sistema eléctrico nacional.

Al criticar la propuesta presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Salazar Lomelín afirma que ésta subordina el interés de los usuarios al beneficio económico de la CFE, lo cual es igualmente falso: si se hacen los cálculos de costo de generación con rigor, se verá que la electricidad más cara es la que los particulares venden a la empresa estatal, pues es la que presenta mayor intermitencia y, por lo tanto, la que acaba traduciéndose en mayores fallas del sistema eléctrico y la que más temprano que tarde llevaría a incrementos descontrolados en las tarifas.

En suma, lo que esa iniciativa busca es el beneficio económico y la seguridad energética para el país, la cual, como pudo verse ayer, está en peligro. En estas circunstancias, es más claro que nunca que el camino correcto es fortalecer al sector energético propiedad de la nación y recuperar la soberanía en la materia.