nunció el Presidente de México que la provisión de vacunas contra el Covid-19 se ha iniciado y habrá de continuar de manera fluida en las siguientes semanas. Al mismo tiempo señaló que se abastecerá a los municipios del país conforme a ciertos criterios para vacunar primeramente a la población de adultos mayores. El secretario de la Defensa anunció que se diseñaron diversas rutas desde la CDMX para cubrir el abasto.

Esta etapa deberá, ya con una cantidad asegurada de dosis para vacunar a toda la población, según se dijo, empezar a proyectar un cambio ahora sí favorable en la reversión de la tendencia de contagios, fallecimientos y alta presión sanitaria que han marcado los pasados 12 meses.

Derivado de eso, y con el tiempo para que el efecto de la vacunación se manifieste, podrá empezar también un mejoramiento de la muy frágil condición económica en la que está el país. Ese sería el escenario deseable, para eso debe cimentarse primero.

Nada de esto, que prefigura la posibilidad de un mejor entorno, podrá conseguirse sin una labor tremendamente eficaz en el frente de la salud y, al mismo tiempo, en el de la promoción actividad económica. En ambos casos, hay mucho daño.

Esa eficacia requiere obviamente que se reciban a tiempo las dosis esperadas de vacunas; que se asegure su conservación; que se distribuya con criterios sanitarios bien establecidos y aplique con agilidad. (En Estados Unidos se permite ya que se vacune en la red de farmacias; en México esa red de farmacias es muy extendida y contribuiría a resolver un gran problema logístico. ¿O es que se requiere de varios servidores de la nación para aplicar cada vacuna?)

La prueba que tiene ahora por delante el gobierno es mayúscula e involucra criterios, decisiones y recursos técnicos bien definidos y sostenidos, que funcionen con la menor interferencia política posible. Son vacunas y sirven para preservar la salud y la vida y como base de un impostergable reforzamiento de la economía. Dicho sea de otro modo: son vacunas, no votos para beneficio de ninguna autoridad de cualquier nivel de gobierno.

En materia de salud y vacunación se requiere hoy de acciones y medidas bien definidas, planeadas y ejecutadas; el margen de maniobra está dado por un objetivo que debe estar claramente identificado y el margen de error es estrecho. No se puede fallar, simplemente no se puede; no habrá argumento válido de que eso ocurra; ha habido suficiente tiempo para diseñar el plan y ahora de modo oficial ya hay vacunas para cumplirlo. Todos los apoyos de la sociedad deberían utilizarse para cumplir con la tarea de vacunación. Es un momento pragmático del ejercicio de gobierno. Lo es en su sentido más literal en cuanto a la práctica o la realización de las acciones y no la teoría, o bien, no para ningún interés político y económico particular.

Y lo mismo ocurre en el campo de la economía. Ahí se impone, igualmente, un momento pragmático. Ningún ajuste al alza sostenible de la actividad económica, muy mermada por la pandemia, va a ocurrir suficientemente de modo automático. Eso no pasa. Se requiere de una acción que, como el caso de la vacuna, esté bien planteada y sea bien ejecutada. Los datos más recientes de una incipiente recuperación en algunos indicadores económicos no tendrán fuerza necesaria para doblegar la inercia actual y apuntalar una recuperación en plazos razonables que, de todas formas, serán largos.

Los apoyos económicos del gobierno no han sido bastantes ni por su cantidad ni por su destino. Eso lo saben bien quienes los gestionan conforme a los criterios adoptados políticamente. Algunas medidas son incluso contraintuitivas. La austeridad del gasto, ciertamente muy selectiva, va a contracorriente de las necesidades de apoyo derivadas de la pandemia; las condiciones de la población que trabaja están muy mermadas; las empresas son más débiles o han desaparecido; el ingreso por turismo está derrumbado. La economía depende hoy de las exportaciones manufactureras a Estados Unidos.

Las estadísticas económicas exhiben apenas una leve moderación, pero dentro de la enorme fragilidad existente. Los análisis de la repercusión social de la crisis apuntan a un severo deterioro de las condiciones del bienestar y de riesgo de pobreza. La población con empleo formal y prestaciones se ha mermado significativamente. No se debería loar el elevado monto de las remesas como factor económico hoy esencial, eso habría de hacerse cuando su monto sea cero.

La renovación de un escenario económico favorable llevará mucho tiempo y se requiere de decisiones de política específicas y bien articuladas para que eso ocurra. La previsión general de un crecimiento del PIB del orden de 3.6 por ciento este año es insuficiente. El Presidente, que en un momento dado quería eliminar este indicador, ahora ha dicho que espera que la expansión productiva sea de 5 por ciento.

El desgaste económico en este año de pandemia ha sido muy oneroso, hay que hacer un recuento estricto de los daños y, también, de la política pública y ordenar los medios para conseguir un objetivo posible, suficiente y duradero de expansión y bienestar.