amaulipas vuelve a convertirse en el escenario de una masacre de migrantes. Y todavía no podemos olvidar a los 72 latinoamericanos masacrados en octubre de 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, precisamente cuando México presidía el Foro Global de Migración y Desarrollo y defendía a los migrantes a escala internacional.

Hoy se vuelve a repetir la escena, con 19 personas masacradas, 17 migrantes guatemaltecos y dos traficantes mexicanos. Han pasado 20 años y seguimos en las mismas. Lo que hay que reconocer es un cambio de actitud en el gobierno federal, por realizar una investigación expedita, en identificar los cuerpos y procesar a 12 policías de Tamaulipas involucrados en el caso, además de ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) relacionados con la liberación de una de las camionetas incendiadas, que debería estar resguardada y no haberse entregado al propietario, que a la postre fue considerado como traficante de personas.

La masacre de Camargo es una cuenta más del rosario de agresiones, violaciones e impunidades que sufren los migrantes que transitan por México. El 21 de enero, en una garita de Veracruz, se rescataron a 128 migrantes centroamericanos que iban hacinados y deshidratados en la caja de un tráiler. El 3 de febrero, se liberó a 49 expatriados de una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas, que proferían gritos de auxilio, entre ellos ocho jóvenes mexicanos y 41 centroamericanos. Allí se incautó la camioneta Toyota que apareció en Camargo, con la gente masacrada.

Tres actos que están concatenados y que no son casualidad. Hoy en día, el tráfico masivo de migrantes se hace en tráiler, hasta casas de seguridad en la frontera donde los detienen y extorsionan para dejarlos libres. Fue el caso anteriormente reseñado, los traficantes amenazaron con entregarlos a otro grupo de delincuentes porque se negaron a la extorsión y prefirieron pedir auxilio a gritos y entregarse, porque muy posiblemente los iban a matar, como ocurrió en tierras tamaulipecas.

Es posible, que en el caso de Camargo la extorsión haya sido de los propios policías, porque asesinaron también a dos mexicanos en ese incidente, que fueron identificados como traficantes de personas. La policía compite con los traficantes en este negocio.

Y uno se pregunta ¿qué pasó con el tráiler, qué ocurrió con la casa de seguridad, qué pasó con la camioneta incautada, devuelta a su dueño por los funcionarios del INM? Una forma de combatir el tráfico de personas es precisamente la ley de extinción de dominio donde, “se pierden los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean objeto o producto de ilícitos, como delincuencia organizada, secuestro…”.

Otra forma de lidiar con el tráfico de migrantes y el crimen organizado son las transferencias que aparecen en las estadísticas como remesas. Los migrantes utilizan ese sistema para no llevar todo el dinero en el camino y van pidiendo éste a sus familiares a medida que avanzan en el camino. Hace décadas que se ha exigido una investigación a fondo sobre las extorsiones que utilizan el sistema de transferencias bancarias. Simplemente, habría que preguntarles a los centroamericanos y también a los mexicanos, que fueron extorsionados, que entreguen los datos de la transferencia y exigir a agencias como Western Union, Elektra y otras que proporcionen la información. Muchos cobros deben ser recurrentes y posibles de investigar.

Hasta el momento los casos que conocemos de abuso y tráfico de migrantes son resultado de la casualidad o porque éstos hacen la denuncia y avisan a las autoridades. No hay investigación, menos aún prevención. Sólo se reacciona ante situaciones extremas como la ocurrida en Camargo.

En cualquier operativo de inteligencia sería muy fácil infiltrarse y descubrir el modus operandi de los traficantes, sus casas de seguridad, los hoteles con los que están coludidos, las autoridades que son sobornadas, las modalidades de extorsión y los cobros que utilizan.

Se requiere de un grupo policial especializado en el combate a la trata y el tráfico de migrantes. Y en esa línea se requiere que el tema migratorio vuelva otra vez a donde debe estar, en la Secretaría de Gobernación y no en Relaciones Exteriores.

La Secretaría de Gobernación tiene las facultades y los medios para perseguir a la delincuencia organizada que trafica con personas y a los funcionarios corruptos y coludidos que los apoyan.