La propuesta del senador Ricardo Monreal para regular la actividad de las redes sociales genera muchas preocupaciones, no sólo porque dicho concepto está definido con mucha vaguedad, sino también porque impone trabas burocráticas innecesarias y abre la puerta a la censura, con la excusa de la protección a los datos personales, advirtió Neris Sampieri, oficial legal de la Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Existen muchas situaciones problemáticas en torno a esta iniciativa, entre ellas que la definición en sí misma de lo que es una red social es demasiado ambigua y se puede terminar incluyendo a portales de noticias que tengan comentarios, a la plataforma Reditt o a Telegram, pues en el proyecto de Monreal se habla de redes relevantes que tengan más de un millón de usuarios.

Por otro lado, indicó la experta, la propuesta marca la obligación de que esas redes pidan la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ofrecer sus servicios, un requisito que no se establece en ningún país democrático y que implica el riesgo de anular finalmente la operación de dichos portales.

Asimismo, la iniciativa busca eliminar la difusión de mensajes de odio y noticias falsas, lo cual podría amenazar la libertad de expresión de los cibernautas, al prohibirles buscar o escribir sobre determinados temas o personas –incluidos aquellos relacionados con posibles delitos o actos de corrupción– con la excusa de la protección a los datos personales.

Un punto más de la iniciativa de Monreal que genera inquietud es que, de forma absurda y burocrática, marca la obligación de que los portales tengan que pedir la autorización del IFT para eliminar spam o bots, cuando dicho organismo tiene un retraso de más de cuatro años en la emisión de sus propios lineamientos de trabajo.

De acuerdo con Sampieri, sí puede haber un ejercicio de regulación de las redes sociales, pero a través de prácticas como pedirle a las empresas responsables de las mismas que sean transparentes, notifiquen a sus usuarios sobre sus decisiones y tengan mecanismos de apelación y corrección de errores, pero sin limitar los derechos de los ciudadanos.