La Comisión de Puntos de la Cámara de Diputados prevé aprobar el jueves una reforma a la Constitución para que el Congreso pueda legislar en materia de seguridad cibernética y, en sus valoraciones, plantea que se considere como un ataque de seguridad nacional la difusión de noticias falsas contra el gobierno. En añadidura a esa reforma, Morena presentó una iniciativa para que las empresas digitales no tomen decisiones que influyan en quién tiene la capacidad de hablar o comerciar en las redes sociales y que no cancelen o inhabiliten cuentas de usuarios como sucedió con la suspensión de cuentas de Donald Trump.

Al explicar su iniciativa, en la sesión de ayer, Javier Hidalgo dijo que ésta coincide con la reforma al artículo 73 constitucional que votará ese día la comisión. Su propuesta, abundó, busca evitar que por razones políticas, como en los Estados Unidos, también aquí en México por parte de Twitter se suspendan cuentas.

Mientras, la comisión fue citada el jueves por la mañana para discutir un dictamen de reforma al artículo 73 de la Constitución, que agrega a las facultades del Congreso legislar en materia de seguridad cibernética.

En las consideraciones del proyecto que ya fue circulado a los diputados, se resalta que además de los ataques para cometer fraudes, robo de identidad o de información al gobierno y acoso sexual, debe preverse también como un asunto de seguridad nacional las campañas de desinformación en línea o fake news.

Aunque la reforma a la Constitución sólo es para prever dicha facultad, el proyecto de dictamen anticipa una propuesta para legislar en la materia y afirma que, así como las redes sociales se convirtieron en un medio masivo de información, “los ciberataques también se pueden actualizar con las noticias falsas que comprometen, en muchas ocasiones, la toma de decisiones de la sociedad, y no menos importante e incluso potencialmente delicado, la seguridad infantil, por el tipo de información a la que los menores son vulnerables, así como el acoso infantil a través de Internet o ciberbullying”.

Además considera como otro riesgo los ataques, muchas veces patrocinados por terceros, para tratar de politizar una situación y resalta que es obligación del gobierno garantizar la seguridad y minimizar las repercusiones de ataques cibernéticos.